Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prorroga dos años más el mandato de la Misión Independiente de Investigación para Venezuela, días después de que ésta señalara en su último informe que la maquinaria represiva del régimen seguía «intacta» tras la caída de Nicolás Maduro.
El texto aprobado este martes aprecia recientes avances positivos en Venezuela, como el restablecimiento de la cooperación y el diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, pero sigue expresando preocupación por «continuas y graves violaciones y abusos».
La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco votos en contra (China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi).
Informes sobre la situación durante las sesiones del Consejo en 2027 y 2028
El texto pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones que el Consejo celebrará en otoño de 2027 y 2028.
Antes de la votación, la delegación venezolana ante el Consejo se mostró contraria a que la misión continuara su mandato, subrayando que «ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido».
«Consideramos igualmente necesario que cualquier renovación de este mecanismo contemple una perspectiva clara para su terminación. Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática», agregó la delegación.
En días previos, la experta Sofía Macher, presidenta de la misión, había argumentado que la labor de ésta era más importante que nunca para poder acreditar si se producen cambios efectivos en Venezuela, particularmente frente a un eventual escenario de transición política.
La resolución de este martes muestra preocupación por «persistentes deficiencias en el Estado de derecho, el espacio cívico y la independencia del sistema judicial» en Venezuela, que en su opinión amenazan con contribuir a «una impunidad generalizada».
Insta por ello a la república bolivariana a respetar y proteger las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, pide el fin de las restricciones al espacio cívico y democrático y exhorta a liberar de forma «inmediata e incondicional» a todas las personas recluidas arbitrariamente.
También recuerda que la prolongada crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela obligó a millones de personas a abandonar el país, por lo que reconoce los grandes esfuerzos que otros países, especialmente en la región, siguen haciendo para acoger a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos.
