El llamado caso Cornell se remonta a octubre de 2024, cuando una estudiante de 20 años de la Universidad de Cornell, en Nueva York, denunció haber sido víctima de una presunta violación grupal en una residencia vinculada a la fraternidad Chi Phi.
De acuerdo con la denuncia de la joven, identificada públicamente bajo el seudónimo de “Jane Doe”, aquella noche acudió a la casa de la fraternidad, donde presuntamente fue inducida a consumir una sustancia que le dijeron que era ketamina. La estudiante sostiene que posteriormente quedó en una situación de vulnerabilidad y fue agredida sexualmente por varios hombres durante horas.
Las autoridades iniciaron una investigación tras conocerse la denuncia. Sin embargo, el caso no terminó inicialmente en acusaciones penales, debido a que la Fiscalía del condado de Tompkins consideró que las pruebas disponibles no eran suficientes para presentar cargos.
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La historia volvió a cobrar fuerza en septiembre de 2026, cuando la joven presentó una demanda civil contra la Universidad de Cornell y varios de los hombres a quienes señala como responsables. En la acción judicial cuestionó además la manera en que su denuncia había sido manejada después de los hechos.
La difusión de nuevos detalles del expediente provocó cuestionamientos sobre la investigación original y llevó el caso nuevamente al centro de la atención pública. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, intervino ante las dudas surgidas sobre el manejo del proceso y designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para realizar una nueva investigación.
Cornell, por su parte, anunció una revisión independiente de su actuación y suspendió a la fraternidad Chi Phi.
Desde entonces, el denominado caso Cornell se ha convertido en un tema de debate en Estados Unidos sobre las denuncias de violencia sexual dentro de las universidades, la responsabilidad de las fraternidades y la respuesta de las instituciones cuando una estudiante denuncia una agresión.
