Santo Domingo.– Un grupo de médicos habría formado parte de un esquema organizado que utilizaba datos de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para solicitar autorizaciones y posteriormente cobrar consultas y procedimientos que presuntamente nunca fueron realizados, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en la denominada Operación Cobra 2.0.
El expediente sostiene que el mecanismo no consistía simplemente en presentar facturas irregulares. Según la investigación, los involucrados habrían seleccionado estratégicamente a afiliados con poco historial de interacción con SeNaSa, una característica que, de acuerdo con los fiscales, disminuía las posibilidades de que las operaciones fueran detectadas.
A nombre de esos asegurados se iniciaban solicitudes de autorización mediante el call center de SeNaSa y, después de conseguirlas, se completaba el proceso mediante facturaciones sustentadas, según la acusación, en documentación falsificada.
El Ministerio Público identifica entre los médicos investigados a Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashel Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn De La Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Méndez De Medina, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luís Manuel Tejada Moreno y Rafael Mauricio Cabral González, entre otros bajo investigación.
Los fiscales sostienen que estos profesionales actuaron en asociación con Ángel Luís Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y otras personas investigadas.
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Afiliados aseguran que nunca recibieron los servicios
Uno de los elementos utilizados para sustentar la investigación fueron las entrevistas realizadas a afiliados cuyos nombres aparecían en reclamaciones.
En el caso atribuido al doctor Víctor Felipe Rodríguez García, al menos ocho afiliados contactados dijeron no reconocer los servicios médicos reclamados a SeNaSa a sus nombres.
La investigación señala que las auditorías permitieron detectar un patrón de consultas y procedimientos que presuntamente no fueron prestados, junto con un mecanismo para recibir, formalizar y presentar las reclamaciones y posteriormente distribuir los recursos pagados por la aseguradora.
Situaciones similares aparecen vinculadas a otros profesionales.
La afiliada Martha Isabel Mejía Ramos, por ejemplo, dijo no conocer a la ortopeda Martha María Saldaña Saldaña, pese a que en su historial aparecía una consulta especializada con ella. Además, manifestó desconocer a otros médicos investigados que también figuraban en su historial.
Otro afiliado, Rafael Aníbal Rivas, tampoco reconoció consultas y servicios que figuraban posteriormente con varios de los médicos investigados.
Formularios y firmas bajo investigación
El expediente incorpora además peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sobre firmas colocadas en formularios de reclamaciones.
En reclamaciones atribuidas a la doctora Yocaira Antonia Méndez de Medina, varios informes periciales determinaron que firmas colocadas a nombre de afiliadas no se correspondían con sus rasgos caligráficos.
Una de ellas había sido paciente de la especialista durante su embarazo, pero negó haber recibido parte de los procedimientos posteriormente reclamados a SeNaSa.
El Ministerio Público sostiene que la combinación de autorizaciones, reclamaciones por servicios supuestamente inexistentes, documentación cuestionada y movimientos financieros revela un método repetido entre diferentes profesionales.
Los imputados conservan su presunción de inocencia y las imputaciones contenidas en la solicitud deberán ser probadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial.
