Por: Santiago Matías Rojas
La democracia dominicana no fue un regalo. Fue conquistada con sangre, con el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961, cuando un grupo de valientes decidió que treinta y un años de terror eran suficientes . Ese sacrificio abrió las puertas a la libertad de expresión que hoy consideramos un derecho inherente. Sin embargo, el nuevo Código Penal, con su entrada en vigor en agosto de 2026, amenaza con devolvernos a una era de silencio disfrazada de legalidad .
La ley mordaza con nuevo disfraz
El nuevo código introduce disposiciones que, bajo el pretexto de proteger el honor y la intimidad, establecen sanciones desproporcionadas por difamación e injuria . El artículo 208 sanciona la vaga “alusión o imputación de un hecho que afecta el honor”, un concepto tan subjetivo que cualquier denuncia contra funcionarios públicos podría caer bajo su sombra . El artículo 210 eleva las multas a niveles asfixiantes, capaces de quebrar a cualquier medio independiente que se atreva a investigar .
Tratar de condenar a Santiago Matías (Alofoke) y descalificarlo para que no pueda ejercer el sagrado derecho que le confiere la constitución de elegir y ser elegido con un caso que ha sido traído cómo un acto de intolerancia un expediente que ha sido desestimado ya 4 veces y traerlo de nuevo con tanta insistencia habla del delgado filo en que pende la democracia dominicana.
Lo que la historia nos enseña
No somos el primer país en transitar este camino. En España, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 —también llamada Ley Mordaza— generó más de 429,000 sanciones entre su entrada en vigor y 2023. Más del 76% fueron por “desobediencia” o “falta de respeto a la autoridad”, categorías interpretadas unilateralmente por los agentes . El resultado: un efecto disuasorio que silenció a periodistas y desmovilizó a la ciudadanía .
En Perú, la propuesta de ley mordaza que aumentaba las penas por difamación hasta cinco años provocó que el país cayera 53 puestos en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, hasta el lugar 130 en 2025 . En Ecuador, durante el correísmo, la Superintendencia de Comunicación y la Ley Mordaza persiguieron a medios, periodistas y opositores, desapareciendo periódicos y programas críticos .
El patrón es claro: estas leyes no protegen el honor de nadie. Protegen el poder de la incomodidad de la verdad.
Una República de Cristal
¿Qué pasará con los procesos judiciales cuando la denuncia de corrupción se convierta en delito? Los funcionarios públicos tendrán a su disposición una herramienta para criminalizar a quien los señale. Un ciudadano que difunda una captura de pantalla documentando un acto irregular podría enfrentar la maquinaria penal del Estado . El periodista que investigue un desfalco deberá probar no solo que lo que dice es verdad, sino que no tuvo “temerario desprecio por la verdad” —un estándar subjetivo que ningún juez puede evaluar con certeza.
La República Dominicana se encamina hacia lo que podríamos llamar una República de Cristal: un país donde todo se ve pero nada se puede denunciar; donde la transparencia es una vitrina, pero el cristal es lo suficientemente grueso como para que nadie escuche los gritos de quienes denuncian desde adentro.
Los héroes del 30 de mayo no murieron para que hoy criminalizáramos la denuncia. La libertad que conquistaron no era la libertad de callar. Era la libertad de hablar. Defenderla no es un acto partidista. Es honrar su memoria.
