Washington.– Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó este viernes una política del Gobierno de Donald Trump que permitía deportar rápidamente a migrantes hacia terceros países sin darles previamente la oportunidad de plantear posibles riesgos para su seguridad.
Un panel de tres jueces del Primer Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Boston, confirmó en gran medida una decisión de un tribunal inferior que había declarado ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El caso se originó a partir de una demanda colectiva presentada por migrantes sujetos a órdenes de deportación y se convirtió en una prueba sobre las garantías de debido proceso que deben recibir las personas antes de ser enviadas a países con los que no tienen vínculos.
El derecho a objetar la deportación
La política adoptada por el Gobierno de Trump en 2025 permitía enviar a migrantes a terceros países cuando las autoridades estadounidenses contaran con garantías diplomáticas de que no serían perseguidos ni sometidos a torturas.
Sin embargo, el tribunal determinó que los migrantes deben recibir un aviso previo sobre el país al que serían enviados y contar con una oportunidad real de presentar objeciones relacionadas con su seguridad.
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El juez Seth Aframe, quien escribió la decisión en nombre del panel, sostuvo que el derecho de una persona a impugnar su traslado por temor a persecución pierde sentido si no conoce previamente el destino y no tiene una oportunidad efectiva para cuestionarlo.
El panel rechazó así la interpretación del Gobierno que buscaba permitir estos traslados sin aplicar plenamente esas garantías.
La disputa continúa
La Administración Trump ha recurrido anteriormente a la Corte Suprema en este litigio. El máximo tribunal permitió en ocasiones anteriores que continuaran determinadas expulsiones mientras avanzaba el proceso judicial.
La decisión del Primer Circuito mantiene abierta la posibilidad de que el Gobierno vuelva a recurrir, por lo que el caso podría terminar nuevamente ante la Corte Suprema.
No obstante, el tribunal de apelaciones también modificó una parte de la decisión del juez de primera instancia relacionada con si el Gobierno debía intentar primero deportar a los migrantes hacia países con los que tuvieran algún vínculo antes de enviarlos a terceros países.
