El diputado asegura tener documentados casos de jóvenes que viajaron para trabajar como cocineros, soldadores y mecánicos, pero que presuntamente serían preparados para ser enviados al frente de batalla
Santo Domingo.– El diputado Carlos de Pérez denunció este jueves que jóvenes dominicanos estarían siendo captados a través de redes sociales con supuestas ofertas de empleos ordinarios en Rusia y que, una vez llegan a ese país, presuntamente son despojados de sus pasaportes y sometidos a procesos de preparación para ser enviados al frente de batalla en la guerra contra Ucrania.
El legislador aseguró que cuenta con varios casos documentados, entre ellos tres jóvenes procedentes de La Romana, quienes habrían viajado atraídos por ofertas para desempeñarse como cocineros, soldadores, mecánicos y otros oficios.
“Tengo varios casos documentados, entre ellos tres de La Romana, de jóvenes que a través de las redes sociales han sido contactados para trabajos ordinarios”, afirmó De Pérez.
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Según su denuncia, los reclutadores les facilitan los boletos aéreos para viajar a Rusia y, al llegar, les retendrían sus documentos para incorporarlos al proceso militar.
De Pérez afirmó además haber recibido información sobre 10 dominicanos que actualmente se encontrarían en Rusia en una fase previa a su posible envío al frente de batalla, entre ellos personas procedentes de San Cristóbal y Haina.
“Ya están en Rusia, ya están en manos del personal ruso, están siendo preparados, están siendo sometidos a exámenes y serán enviados al frente de batalla”, sostuvo el congresista. Estas afirmaciones corresponden a la denuncia del diputado y no han sido confirmadas de manera independiente por las autoridades dominicanas.
Solicita al Gobierno intervenir
Ante la situación, De Pérez solicitó al Gobierno dominicano realizar gestiones diplomáticas para determinar las condiciones en que se encuentran los jóvenes y procurar su retorno en aquellos casos en que hayan sido captados mediante engaño.
El diputado indicó que posee nombres, boletos aéreos y datos sobre la ubicación de al menos uno de los afectados, información que dijo estar dispuesto a entregar a las autoridades para facilitar su localización.
Asimismo, propuso que el Ministerio de Trabajo establezca un protocolo especial para dominicanos que reciban ofertas laborales en países vinculados a conflictos armados, de manera que puedan comprobar previamente la autenticidad y las condiciones del empleo.
La denuncia del legislador se produce en momentos en que han salido a la luz otros reportes sobre dominicanos que han viajado a Rusia. El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) ha denunciado que más de 150 ciudadanos habrían partido bajo ofertas laborales engañosas, mientras que otros 50 dominicanos habrían viajado con conocimiento de que serían contratados para combatir, según declaraciones de Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador de la organización, publicadas por Infobae.
Además, una investigación documentó anuncios difundidos en redes sociales que inicialmente se presentan como oportunidades de trabajo en Rusia y que, al establecer contacto, conducen a procesos relacionados con el reclutamiento para las fuerzas armadas rusas. El medio aclaró que no pudo establecer si quienes promocionaban esas ofertas mantenían vínculos oficiales con el Gobierno ruso o sus contratistas.
El tema ha ganado notoriedad en los últimos días por el caso de Juan Carlos Ávila Espaillat, dominicano que publica en redes sociales videos vestido con indumentaria militar y asegura encontrarse combatiendo del lado ruso. Un documento atribuido al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, fechado el 16 de agosto, señala que Ávila Espaillat superó un proceso de selección para prestar servicio militar bajo contrato en las Fuerzas Armadas rusas.
De Pérez marcó distancia entre ese caso y los jóvenes a los que se refiere su denuncia, al sostener que estos últimos habrían viajado bajo la creencia de que realizarían trabajos civiles.
“Ese rumor que había por ahí ya no es rumor”, manifestó el diputado, quien insistió en que las autoridades dominicanas deben investigar el posible esquema de captación y actuar diplomáticamente ante los casos denunciados.
