En Panamá, 615 personas perdieron la vida por suicidio entre 2020 y 2024, donde el 87% de los casos correspondió a hombres de entre 20 y 24 años.
Las cifras de las autoridades de salud indican que solo en 2024 se registraron 161 fallecimientos, de los cuales 142 eran hombres y 19 mujeres.
Tan solo en 2025 la Caja de Seguro Social de Panamá atendió más de 250 mil consultas de salud mental, de las cuales 8,335 fueron de conducta de riesgo suicida y 6,881 de intentos de suicidio.
Del total, 5,722 correspondieron a mujeres y 2,613 a hombres, cifras que dijeron reafirman la urgencia de acompañar, orientar y no dejar sola a ninguna persona en momentos de crisis.
La evidencia disponible confirma que la ahorcadura es el principal método utilizado para consumar el suicidio, que el hogar de la víctima suele ser el escenario más frecuente del hecho y que los motivos probables se vinculan con problemas sentimentales, enfermedades crónicas, condiciones de salud mental y dificultades socioeconómicas, aunque en un porcentaje alto de casos la causa subjetiva permanece desconocida para los familiares.
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Dos personas se sostienen las manos sobre una mesa de madera mientras una de ellas porta un lazo amarillo, símbolo de la prevención del suicidio.
A través de los años, la edad promedio en hombres era de 39 años y de 27 años en mujeres, lo que sugiere que las mujeres que se suicidan tienden a ser más jóvenes que los hombres.
Respecto a la distribución por grupo etario se revelaba que tanto los jóvenes como los adultos presentaban proporciones significativas de casos, sin que el suicidio se concentrara exclusivamente en edades avanzadas.
A nivel mundial, una de cada ocho personas padece algún trastorno mental, pero el 75% no recibe ayuda ni tratamiento, por esta razón, tender la mano y facilitar el acceso a una atención especializada a tiempo marca la diferencia entre la vida y la muerte.
“Ante cualquier trastorno mental es fundamental recibir atención profesional”, señaló Jazmín Erika Cedeño Suman, jefa del Programa Nacional de Salud Mental de la Caja de Seguro Social.
Este 10 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial la Prevención del Suicidio, bajo el lema “Cambiar la narrativa”, las autoridades buscan erradicar el estigma que rodea a las enfermedades mentales.
Su objetivo central, manifestaron, es construir una comunidad más empática, donde expresar el dolor emocional no genere juzgamiento y se rompa el silencio que impide buscar apoyo.
El suicidio se ha consolidado como un problema significativo de salud pública en Panamá, con una carga creciente en algunos grupos etarios, provincias y segmentos sociales específicos.
Aunque la tasa nacional de mortalidad por suicidio se mantiene por debajo del promedio mundial, las cifras más recientes revelan un incremento importante de los casos entre 2020 y 2024, con una marcada sobrerrepresentación de hombres y un peso desproporcionado en las provincias de Los Santos, Veraguas y Chiriquí.
Paralelamente, los datos sobre intentos de suicidio, ideación suicida y uso de servicios de atención en crisis revelan una demanda creciente de apoyo psicológico, así como una brecha entre la magnitud del problema y la disponibilidad de recursos humanos especializados en salud mental.
En años más recientes, la información de Panamá oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre defunciones muestra que la cifra de suicidios presentó un aumento sostenido entre 2020 y 2024.
Los especialistas d Panamá reafirman la urgencia de acompañar, orientar y no dejar sola a ninguna persona en momentos de crisis.
Según el cuadro específico sobre “lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)”, se registraron 93 suicidios en 2020, 130 en 2021, 113 en 2022, 118 en 2023 y 161 en 2024, con la indicación de que los 161 casos de 2024 representaron una tasa de aproximadamente 3,5 muertes por cada 100.000 habitantes.
Entre 2020 y 2024 los suicidios de Panamá aumentaron un 73%, al pasar de 93 a 161 casos, lo que ha sido interpretado por las autoridades y especialistas como una tendencia alarmante.
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Este incremento contrasta con el descenso reportado para el periodo 2001–2016, lo que sugiere que en la última década se ha producido un cambio de trayectoria, posiblemente influido por factores como la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, el deterioro socioeconómico y la mayor visibilización de la problemática.
