Bogotá.– Juliana Guerrero, exfuncionaria vinculada al Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, aceptó su responsabilidad dentro del proceso relacionado con la obtención irregular de títulos académicos expedidos por la Fundación Universitaria San José.
La decisión se conoció durante una audiencia celebrada este miércoles 9 de septiembre en Bogotá, luego de que Guerrero alcanzara un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La joven, de 24 años, compareció de manera virtual ante el juez encargado del proceso.
De acuerdo con la Fiscalía, Guerrero enfrentaba acusaciones por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El organismo sostuvo que la joven tenía conocimiento de las irregularidades relacionadas con los títulos académicos que posteriormente fueron incorporados a su hoja de vida.
El expediente está relacionado con dos diplomas: uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional de Contaduría Pública. Según el ente acusador, Guerrero había cursado ocho semestres en una universidad del Cesar y posteriormente intentó homologar sus estudios en Bogotá mediante gestiones que son objeto del proceso.
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La Fiscalía señaló además que, durante 2025, Guerrero presentó hojas de vida ante el Departamento Administrativo de la Función Pública en el marco de sus aspiraciones para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el entonces Ministerio de Igualdad.
Exfuncionaria llegó a un preacuerdo con la Fiscalía
La exfuncionaria alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por fraude procesal, que contempla una pena máxima de tres años de prisión, una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para aspirar a cargos públicos.
Durante la audiencia, Guerrero reconoció haber cometido fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el Sigep y presentar documentos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
La exfuncionaria también manifestó su arrepentimiento y pidió disculpas al país, a sus familiares y a quienes habían confiado en ella, asegurando que asumirá las consecuencias derivadas de sus decisiones.
Preacuerdo contempla hasta tres años de prisión
Tras aceptar los términos de la negociación, la Fiscalía modificó el grado de participación de Guerrero de autora a cómplice por el delito de fraude procesal.
El acuerdo contempla una pena máxima de tres años de prisión, una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para aspirar a cargos públicos.
Durante la audiencia, Guerrero reconoció haber cometido fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y presentar documentos para aspirar a convertirse en viceministra de Juventudes.
La exfuncionaria también expresó arrepentimiento y pidió disculpas públicamente por sus actuaciones, señalando que asumirá las consecuencias de sus decisiones y que no pretende presentarse como víctima dentro del proceso.
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En el mismo expediente también figura Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien, según la información del caso, aceptó mediante otro preacuerdo su participación en la entrega de los dos títulos falsos.
