Santo Domingo.- Diversas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos expresaron su preocupación ante la designación de la vicerrectora de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Alliet Ortega Rabassa, como coordinadora de la Comisión de Veeduría Ciudadana del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible), alertando sobre un posible conflicto de interés que podría comprometer la independencia del organismo de control.
La comisión en cuestión fue creada mediante el Decreto 498-26 con el propósito de operar como un órgano consultivo y honorífico para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la entidad estatal. La misma disposición ejecutiva establece en su artículo 5 que, previo a asumir sus funciones, todos los veedores deben suscribir un compromiso ético que certifique su total independencia y la inexistencia de conflictos de interés.
Sin embargo, documentos públicos revelan un estrecho vínculo institucional entre Ortega Rabassa y el fideicomiso que le corresponde fiscalizar. Actualmente, la profesional se desempeña como vicerrectora de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), academia que mantiene vigente un Convenio Marco de Colaboración con DO Sostenible para el desarrollo de actividades académicas y la creación del Observatorio Dominicano de Residuos Sólidos.
Recomendamos leer: INTEC reconoce a siete de sus egresados
Ante este panorama, diversos sectores comunitarios y jurídicos han planteado interrogantes sobre la rigurosidad del proceso de selección. Entre los principales cuestionamientos destaca si se declaró formalmente la alianza INTEC-DO Sostenible al momento de la firma del compromiso ético, cuál es la situación jurídica actual de dicho convenio y qué organismo oficial tuvo a su cargo la evaluación de la independencia de los miembros de la recién estructurada comisión.
El decreto presidencial limita el rol de los comisionados estrictamente a labores de observación, seguimiento y formulación de recomendaciones sobre el manejo del fideicomiso. Debido a esto, juristas y activistas señalan que, para preservar la legitimidad y la confianza pública en el proceso de veeduría, resulta indispensable que las autoridades competentes esclarezcan de forma pública estas vinculaciones institucionales antes de que el órgano supervisor inicie formalmente sus operaciones.
