La iniciativa contempla descuentos a sus deudas
Santo Domingo.– Los propietarios de bancas de lotería y apuestas que logren quedar registrados bajo el nuevo régimen de juegos de azar podrían convertirse, durante los próximos diez años, en los únicos operadores autorizados para participar en ese mercado, debido a que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados prohíbe conceder nuevas licencias durante una década.
La disposición está contenida en el artículo 191 del proyecto de ley de juegos de azar, que establece que durante diez años no se otorgarán nuevas licencias para instalar establecimientos de este tipo en República Dominicana, con excepción de los casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos.
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Esto implicaría que, una vez completado el proceso de registro y regularización, el negocio de las bancas quedaría cerrado a nuevos competidores por una década, mientras los operadores ya incorporados al sistema podrían continuar funcionando y renovar sus autorizaciones conforme a los requisitos establecidos.
La medida adquiere mayor relevancia porque forma parte de un conjunto de disposiciones que también incluye descuentos sobre deudas fiscales acumuladas, ampliación de determinadas licencias y modificaciones económicas que beneficiarían al sector.
Los actuales operadores quedarían solos en el mercado
La prohibición de nuevas licencias no significa que todas las bancas que actualmente funcionan tendrán automáticamente derecho a permanecer operando.
El proyecto establece mecanismos de registro, regularización y fiscalización que deberán ser cumplidos por los establecimientos existentes. Sin embargo, quienes logren incorporarse formalmente al nuevo sistema tendrían una ventaja determinante: durante diez años no podrían ingresar nuevos establecimientos autorizados a competir con ellos.
Además, la iniciativa protege expresamente los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas, y permite la renovación de las licencias existentes por un período equivalente al originalmente concedido, condicionada a una evaluación técnica y al cumplimiento de los requisitos correspondientes.
En términos prácticos, el proyecto congelaría la entrada de nuevos actores al mercado mientras mantiene abierta la posibilidad de continuidad para quienes ya forman parte del sector.
Más de 71,000 bancas registradas
El argumento utilizado para justificar la moratoria es la cantidad de establecimientos existentes.
Según datos oficiales de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía incorporados al proyecto, en República Dominicana existen más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas.
La iniciativa sostiene que la magnitud alcanzada por el sector ha dificultado su fiscalización y plantea detener temporalmente la expansión para que el Estado pueda depurar, validar, registrar e interconectar los establecimientos existentes.
La consecuencia económica de esa decisión, sin embargo, es que los empresarios que permanezcan dentro del registro tendrían asegurado un mercado sin nuevos establecimientos autorizados durante una década.
Proyecto también permitiría reducir deudas fiscales
La moratoria no es la única disposición de impacto económico incluida en el proyecto.El artículo 192 crea un denominado “Régimen especial de descuentos” para las deudas acumuladas por operadores de juegos de azar debido a atrasos en el pago de impuestos y tasas hasta diciembre de 2025.
La Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), mediante resolución del Consejo de Juegos de Azar y en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), tendría la facultad de establecer ese régimen para los operadores que se hayan regularizado y registrado.
Los descuentos serían los establecidos en la Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026.
Aunque el proyecto no habla jurídicamente de “perdón” o “condonación” de deudas, la aplicación de los descuentos podría provocar que determinados operadores terminen pagando una suma inferior al monto originalmente acumulado, dependiendo de las condiciones aplicables.
El propio proyecto condiciona estas facilidades a que el operador se haya regularizado y registrado.
Proyecto no dice cuánto dinero dejaría de cobrar el Estado
El artículo 192 no especifica cuánto deben actualmente las bancas y demás operadores de juegos de azar al Estado.
Tampoco establece en el texto analizado cuántas empresas podrían beneficiarse, cuál sería el monto total de los descuentos ni cuánto dejaría eventualmente de recaudar el fisco.
Entre las interrogantes pendientes figuran cuánto adeuda actualmente el sector por impuestos y tasas, cuántas empresas podrían acogerse al régimen y cuál sería el impacto fiscal de la medida.
También queda por determinar públicamente quiénes serían los principales beneficiarios una vez se establezcan las condiciones definitivas para acogerse al régimen.
Legisladores han declarado intereses en negocios de apuestas
El debate sobre estas disposiciones adquiere una dimensión adicional debido a que ocho legisladores que actualmente ocupan curules en el Congreso Nacional —siete diputados y un senador— han declarado propiedades, participaciones accionarias o vínculos económicos relacionados con bancas de apuestas, loterías u otros negocios vinculados al sector.
