Santo Domingo.– La Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRyLI) aclaró que, cuando los fondos de pensiones adquieren bonos, acciones u otros instrumentos financieros autorizados, los recursos no pasan a ser propiedad de las empresas emisoras, sino que se convierten en activos financieros que continúan formando parte del patrimonio de los afiliados.
La aclaración surge ante informaciones y comentarios difundidos recientemente sobre la utilización e inversión de los fondos de pensiones, por lo que el organismo explicó cómo funciona el proceso mediante el cual estos recursos son colocados en diferentes instrumentos financieros.
La CCRyLI indicó que la elegibilidad de los instrumentos de inversión no se produce de manera automática, debido a que previamente deben evaluarse aspectos como la situación financiera del emisor, sus niveles de solvencia y liquidez, los estados financieros auditados, las garantías, las características de la emisión y su capacidad para generar los flujos necesarios.
La aclaración fue realizada este viernes mediante un comunicado conjunto del Banco Central y las superintendencias de Bancos, del Mercado de Valores, de Seguros y de Pensiones, instituciones que integran la CCRyLI junto con un representante técnico de los afiliados.
El organismo precisó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tampoco son propietarias de esos recursos ni pueden disponer libremente de ellos, debido a que los fondos pertenecen exclusivamente a los trabajadores afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones.
La Comisión explicó que la aprobación de un instrumento financiero no constituye una orden ni obliga a las AFP a invertir en una determinada empresa, proyecto o emisión. Tampoco representa una autorización automática para colocar los ahorros previsionales.
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De acuerdo con el comunicado, el proceso se desarrolla en dos niveles. Primero, la CCRyLI evalúa los instrumentos financieros y determina cuáles cumplen con los requisitos para ser considerados alternativas de inversión.
Posteriormente, cada AFP analiza ese universo de opciones y decide en cuáles invertir, conforme con su estrategia y dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
“Los fondos de pensiones pertenecen exclusivamente a los afiliados: las AFP no son propietarias de ellos ni pueden disponer de los mismos libremente”, enfatizó la Comisión al referirse a las dudas planteadas sobre la administración e inversión de estos recursos.
La entidad explicó que, cuando un fondo de pensiones adquiere bonos del Estado, bonos corporativos, acciones de oferta pública, valores de fideicomisos o cuotas de fondos de inversión, recibe a cambio un activo financiero que puede generar intereses, dividendos, ganancias de capital u otros rendimientos.
Ese activo permanece sujeto a requisitos de elegibilidad, evaluación del riesgo del emisor y del instrumento, límites de inversión, valoración y supervisión durante toda su vigencia.
También se toma en cuenta el cumplimiento de las normas, la disponibilidad de información suficiente y la clasificación de riesgo, la cual debe ser emitida por sociedades calificadoras debidamente autorizadas.
La Comisión aclaró que la supervisión de las inversiones de los fondos de pensiones no termina cuando un instrumento es aprobado.
Los emisores y administradores deben mantener actualizados sus estados financieros, las clasificaciones de riesgo y cualquier información o modificación que pueda afectar las condiciones bajo las cuales se autorizó la inversión.
La CCRyLI defendió, además, la diversificación de los recursos como una herramienta para reducir riesgos y ampliar las posibilidades de obtener rentabilidad.
Según explicó el organismo, la diversificación busca evitar que el patrimonio de los afiliados se concentre en un solo instrumento financiero, emisor o sector económico.
En ese sentido, las inversiones de los fondos de pensiones deben mantenerse dentro de los límites establecidos por las regulaciones y bajo los mecanismos de evaluación y supervisión correspondientes.
La CCRyLI es un órgano colegiado creado por la Ley 87-01 y presidido por la Superintendencia de Pensiones.
Su función consiste en determinar cuáles instrumentos financieros son elegibles para recibir inversiones de los fondos previsionales y establecer los límites máximos aplicables.
La Comisión reiteró que los recursos acumulados en los fondos de pensiones pertenecen a los afiliados y que las AFP tienen la responsabilidad de administrarlos e invertirlos conforme con las disposiciones legales y regulatorias.
Con esta aclaración, la CCRyLI busca precisar el funcionamiento del sistema de inversión de los fondos de pensiones y diferenciar la propiedad de los recursos de los activos financieros adquiridos mediante esas inversiones.
