Honduras.- Más de 45 cámaras de videovigilancia fueron retiradas durante un operativo ejecutado por la Policía Militar de Orden Público en distintos sectores de San Pedro Sula y La Lima, en el departamento de Cortés.
Según las autoridades, los dispositivos habrían sido colocados de manera ilegal y estarían vinculados con estructuras criminales que los utilizaban para controlar movimientos en determinadas zonas.
Las cámaras fueron localizadas principalmente en postes estatales y de acuerdo con las investigaciones citadas por las autoridades, permitían a grupos delictivos observar el desplazamiento de agentes policiales y militares.
Durante la primera etapa del despliegue estaba prevista la desactivación de alrededor de 45 dispositivos, aunque el operativo terminó ampliándose hasta superar el centenar de cámaras retiradas.
Recomendamos leer: “Para que no sufriera como mujer”: El perturbador argumento de una madre que asesinó a su hija en Nicaragua
El coronel Elvin Cerrato, comandante del Noveno Batallón de la PMOP, explicó que los dispositivos representaban una herramienta utilizada por grupos criminales para conocer los movimientos de las autoridades.
El jefe militar señaló que las cámaras permitían mantener vigilancia sobre distintos sectores y advertir a los integrantes de las estructuras cuando detectaban la presencia de unidades de seguridad. “Le estamos quitando ahorita los ojos a estas estructuras criminales”, afirmó Cerrato durante las acciones.
El desmantelamiento de la red de videovigilancia forma parte de acciones de inteligencia para identificar quién instaló los equipos y cómo se usaba esa infraestructura criminal.
Acciones contra la criminalidad
De acuerdo con las autoridades, la información obtenida mediante estos sistemas podía ser utilizada para facilitar la planificación de actividades delictivas y para reaccionar ante los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad.
Uno de los elementos señalados por las autoridades es que los equipos no estaban instalados únicamente en propiedades privadas, sino también en postes estatales.
La colocación de estos dispositivos habría permitido a los grupos que los operaban obtener una posición estratégica para observar calles y sectores considerados de interés para sus actividades.
La PMOP sostiene que la instalación de estos sistemas no contaba con autorización y que su utilización estaba relacionada con estructuras criminales. Por eso, las unidades procedieron a localizar, desactivar y retirar los equipos como parte del operativo.
El operativo tuvo como uno de sus primeros puntos la 27 calle de San Pedro Sula, una zona donde las unidades militares iniciaron la intervención para identificar los dispositivos.
Luego, las acciones se desplazaron hacia Rivera Hernández, uno de los sectores incluidos en el despliegue, y continuaron hasta llegar a La Lima.
La operación fue desarrollada con apoyo de unidades de inteligencia militar, que previamente habrían identificado los puntos donde se encontraban instaladas las cámaras.
La información recopilada por esas unidades permitió orientar el despliegue hacia diferentes sectores y determinar qué dispositivos debían ser retirados.
Tambien puedes leer: Militares de 21 países se reunirán en Paraguay para ejercicio de EE. UU.
La policía militar detecta que la red de monitoreo ilegal estaba instalada también en postes estatales
Cámara domésticas prohibidas en postes estatales
Para las autoridades, el hallazgo evidencia que las estructuras delictivas también recurren a herramientas tecnológicas para fortalecer su capacidad de vigilancia.
Las cámaras pueden proporcionar información sobre el tránsito de personas, vehículos y unidades de seguridad, lo que permite detectar cambios en los patrones de movimiento de una zona.
En este caso, la PMOP sostiene que los dispositivos eran utilizados específicamente para monitorear a las fuerzas de seguridad y generar alertas cuando se aproximaban operativos.
El retiro de estos equipos busca reducir esa capacidad de anticipación y dificultar que los grupos criminales conozcan con antelación los movimientos de los cuerpos de seguridad.
El trabajo no se limita al retiro físico de los dispositivos. Las autoridades también buscan determinar quiénes los instalaron, quiénes tenían acceso a la información captada y con qué finalidad se utilizaba la red de vigilancia.
