Santo Domingo, RD. – El abogado y comunicador, José Martínez Brito cuestionó en el programa Esto No Es Radio la coherencia entre las cifras oficiales de deportaciones y repatriaciones reportadas por la Dirección General de Migración y el simultáneo aumento de la matrícula de estudiantes haitianos en las escuelas públicas dominicanas, un contraste que calificó como un dato «que no cuadra» y que, a su juicio, evidencia un problema de credibilidad institucional.
Brito partió de los datos divulgados por Migración, según los cuales en lo que va de año se habían deportado y repatriado aproximadamente 250,000 personas, una cifra que, calculada sobre 238 días transcurridos, equivaldría a más de mil personas diarias. «Yo quisiera saber si eso puede pasar desapercibido, porque deportar mil personas diarias debe generar un escándalo en cualquier frontera que eso ocurra», afirmó el comunicador, quien insistió en que un flujo de esa magnitud, incluso repartido entre los tres principales puntos fronterizos del país, resultaría necesariamente visible.
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El abogado explicó además la diferencia técnica entre una deportación y una repatriación —la primera respaldada por un acto jurídico formal, la segunda aplicada cuando la persona carece de documentos de identidad—, y señaló que la magnitud de las cifras oficiales contrasta con lo que, según dijo, percibe actualmente en las calles:
«Yo actualmente no he visto operativos. Lo que yo sí les digo es que es imposible que pase desapercibido un flujo de mil personas diarias por la frontera.»
El aumento en la matrícula escolar haitiana
Para sustentar su cuestionamiento, Brito contrapuso esas cifras migratorias con datos del sistema educativo dominicano. Según explicó, la matrícula de estudiantes haitianos pasó de aproximadamente 186,000 en el periodo 2023-2025 a 205,000 para el año escolar 2026, un incremento de cerca de 18,394 estudiantes.
«Uno de cada 11» niños en las escuelas dominicanas sería hoy haitiano, frente a una proporción de «uno de cada 100» en años anteriores, según los números que citó.
El comunicador contrastó ese aumento con una caída de 23,000 estudiantes dominicanos que no ingresaron al sistema educativo formal para el año escolar 2026-2027, y cuestionó que ese fenómeno esté siendo tratado por las autoridades como un problema de deserción escolar. «¿Es deserción o es que los cupos se lo han quitado? Si no es deserción y lo que hay es pocos cupos, porque los cupos se están perdiendo, porque se le están entregando a extranjeros, la solución es otra, totalmente distinta a la que ustedes se están planteando», sostuvo, en referencia a denuncias recogidas en medios sobre madres y padres dominicanos que aseguran no conseguir cupo escolar para sus hijos.
Brito aclaró que su señalamiento no busca ser un ataque directo a la Dirección General de Migración ni a sus funcionarios, a quienes reconoció una labor «difícil» y sujeta a escrutinio constante, tanto de la comunidad dominicana como de organismos internacionales.
«El gobierno se hace de la vista gorda y ni siquiera le presta atención a cifras que son incomprensibles. Y ahí es donde viene el problema, porque hay un tema de credibilidad», afirmó.
Cuestionamientos al Bono Mil por estudiante
En la misma emisión, Brito extendió sus críticas al programa de transferencia de mil pesos por estudiante inscrito en el sistema público, que calificó como una inversión «mal hecha» al no generar, según su criterio, un retorno social medible pese a representar un desembolso de aproximadamente 1,200 millones de pesos.
«Con 3,000 pesos no se le resuelve la vida a una familia, pero con 1,200 millones de pesos se resuelve un problema nacional», planteó, al cuestionar la efectividad de la medida frente a otras posibles inversiones en el sistema educativo.
El comunicador citó además el testimonio de una fuente que trabaja en un liceo de la zona Duarte, según la cual algunos padres estarían inscribiendo a sus hijos únicamente para cobrar el incentivo, sin enviarlos posteriormente a clases —en algunos casos, señaló, porque los ponen a trabajar.
«Hay niños que los inscriben para recibir los mil pesos y luego no los están enviando a clases… eso no se cuenta» en las estadísticas de deserción, denunció.
El abogado precisó que su crítica no apunta a calificar el programa como un acto de corrupción, sino como una transferencia social «de moda» que, en su opinión, no está acompañada de un mecanismo de seguimiento ni de un retorno social claro para el Estado dominicano.
