
La Policía Profesional de Migración de Costa Rica deportó este miércoles 26 de agosto a un grupo de 20 extranjeros en condición migratoria irregular, algunos de los cuales habían cumplido condenas por diferentes delitos en territorio costarricense.
El traslado se realizó mediante el tercer vuelo chárter de deportación ejecutado durante 2026 y contó con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación existentes entre ambos países en materia migratoria.
El avión partió desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, con una ruta programada Costa Rica-Colombia-Ecuador.
Del total de personas trasladadas, 14 son de nacionalidad colombiana, específicamente 12 hombres y dos mujeres. Los restantes seis son ciudadanos ecuatorianos, todos hombres.
La primera escala del vuelo será en Colombia, donde serán entregados los ciudadanos de esa nacionalidad. Posteriormente, los seis ecuatorianos continuarán el trayecto hacia Ecuador.
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Con este operativo, las autoridades costarricenses elevaron a 78 la cantidad de extranjeros deportados mediante vuelos chárter en lo que va de 2026.
Algunos habían cumplido condenas en Costa Rica
El director de la Policía Profesional de Migración, Edwin Miranda, confirmó que dentro del grupo se encuentran personas que ya habían cumplido sentencias judiciales por diferentes delitos.
“Aquí tenemos el traslado de 20 personas en condición irregular dentro del país. Algunos ya han cumplido sentencia por delitos varios, entre ellos robo y otros delitos”, explicó Miranda.
Según la información divulgada por la Policía de Migración, entre las conductas delictivas asociadas con algunas de las personas incluidas en el operativo se encuentran infracciones a la Ley de Psicotrópicos, robo, tráfico de drogas y tentativa de homicidio.
Una vez cumplidas las respectivas condenas o determinadas las condiciones migratorias correspondientes, las autoridades iniciaron los procedimientos para ejecutar su salida del territorio nacional.
La deportación es una medida administrativa migratoria y, en estos casos, se ejecuta una vez que las autoridades determinan que la persona extranjera se encuentra bajo los supuestos establecidos en la legislación costarricense para ordenar su salida del país.
Entre los delitos asociados con algunas de las personas deportadas figuran robo, tráfico de drogas, tentativa de homicidio e infracciones a la Ley de Psicotrópicos.
Estados Unidos apoya los operativos
Las autoridades confirmaron además que la operación contó con cooperación estadounidense.
Miranda explicó que los recursos utilizados para facilitar el traslado forman parte del apoyo brindado por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, en coordinación con las autoridades nacionales.
“Esto se está haciendo con los recursos del apoyo técnico de la Embajada de los Estados Unidos y en convenio con nuestras autoridades locales y la Policía Profesional de Migración”, afirmó.
Según el funcionario, estos vuelos forman parte de los esquemas de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos para ejecutar procesos migratorios y se prevé que la dinámica continúe durante los próximos meses.
La colaboración estadounidense se produce mientras Costa Rica mantiene diferentes operativos para detectar a extranjeros que permanecen en el territorio nacional de manera irregular y determinar, según las circunstancias de cada caso, las medidas administrativas correspondientes.
El grupo estuvo integrado por 14 ciudadanos colombianos y seis ecuatorianos, todos en condición migratoria irregular en Costa Rica. Crédito: Teletica
Migración mantendrá los controles
La Policía Profesional de Migración indicó que continuará desarrollando operativos para identificar personas extranjeras en condición migratoria irregular.
Estos procedimientos pueden derivar en distintas medidas según la situación individual de cada persona, incluido el inicio de procesos para ejecutar una eventual deportación cuando así corresponda conforme a la normativa.
En el caso de personas extranjeras vinculadas con procesos penales, las autoridades deben considerar además su situación ante los tribunales y el cumplimiento de las medidas o sentencias impuestas antes de materializar la salida del territorio nacional.


