Ven urgente que se establezca una cuarta fuerza política y constitucional a lo interno de cada organización política
Santo Domingo.– La Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965 abogó este viernes por que los partidos y movimientos políticos del país asuman como un compromiso permanente la enseñanza de la Constitución de la República, al considerar que la formación ciudadana es indispensable para combatir la corrupción, la impunidad y el deterioro institucional.
Al conmemorarse 163 años de la Restauración de la República, la entidad planteó la necesidad de establecer una denominada “cuarta fuerza política constitucional y electoral” a lo interno de cada organización política, que funcione como un eje transversal orientado a promover el conocimiento y respeto de la Carta Magna.
El presidente de la fundación, Andrés Fortunato Victoria, explicó que la propuesta no procura la creación de un nuevo partido político, sino impulsar un movimiento de educación constitucional que alcance tanto a las organizaciones tradicionales como a las nuevas expresiones políticas y candidatos independientes.
“Las iglesias, los partidos, los sindicatos, todo el mundo tiene que demandar educación porque, si no, seguirá la corrupción, y a eso se refiere la Cuarta Fuerza. No es que nosotros vamos a formar un partido, es que vamos a luchar porque todos los partidos eduquen en la Constitución, sean los partidos o sean los outsiders”, manifestó Fortunato Victoria.
El dirigente constitucionalista sostuvo que el conocimiento de la Carta Magna debe convertirse en una herramienta cotidiana de formación de la población y pidió la integración de los medios de comunicación a esa labor.
“Nosotros contamos con la prensa, contamos con los medios de comunicación, todos, para que incluyan en cada uno de sus programas un artículo de la Constitución, para que la gente lo entienda diariamente”, expresó.
Fortunato Victoria consideró que la difusión de los principios constitucionales debe tener una presencia similar a otros contenidos que diariamente reciben los ciudadanos a través de la radio, la televisión y las plataformas de comunicación.
En ese sentido, propuso que desde el Poder Ejecutivo se impulse una campaña nacional mediante la instalación de vallas con artículos de la Constitución en las 32 provincias, así como en los 158 municipios y otros puntos vinculados a la organización territorial y electoral del país.
Asimismo, planteó la realización de concursos en escuelas, liceos y universidades para incentivar a los estudiantes a investigar y presentar trabajos relacionados con la Constitución y acontecimientos fundamentales de la historia dominicana, entre ellos la Independencia Nacional del 27 de febrero, la Revolución de Abril de 1965 y la Restauración de la República.
“Nosotros esperamos que el pueblo dominicano entienda que para que el pueblo pueda defenderse tiene que aprender. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”, afirmó.
Advierten sobre influencia del dinero en la política
En una nota de prensa, la Fundación de Militares Constitucionalistas sostuvo que la actividad política no debe estar determinada exclusivamente por los intereses económicos, sino por principios cívicos, éticos y patrióticos, además del conocimiento sobre el funcionamiento y manejo del Estado.
La organización advirtió que cuando el dinero se convierte en el elemento predominante de la política se profundizan problemas como la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la delincuencia, la violencia y la inseguridad.
La fundación entiende que los ciudadanos deben conocer las responsabilidades de quienes llegan a ocupar cargos públicos, especialmente la obligación de fiscalizar y controlar el patrimonio, los ingresos, los gastos y el uso de los fondos del Estado conforme a lo establecido por la Constitución.
La entidad concluyó que una de las mejores formas de honrar a quienes lucharon por la Restauración de la República y la defensa de la soberanía nacional es educar a la población para que conozca sus derechos, sus deberes y los mecanismos constitucionales con los que cuenta para exigir una correcta conducción del Estado.
