Santo Domingo. – El Tribunal Superior Electoral (TSE) desestimó la solicitud presentada para frenar la aplicación de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que establece cómo se distribuirán durante 2026 los recursos económicos que el Estado entrega a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
La petición fue interpuesta por el Proyecto Visión Nación (PVN) y José Cristopher Ramírez, quienes buscaban que quedara suspendida de manera provisional la Resolución 01-2026 de la JCE, mientras se conoce el proceso principal.
Los jueces consideraron que la medida cautelar no reunía las condiciones exigidas por el artículo 160 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. Entre los requisitos figura demostrar la apariencia de buen derecho, un daño próximo que resulte difícil o imposible de reparar y que exista relación entre la medida solicitada y el proceso principal.
Aunque el tribunal determinó que la solicitud cumplía con los requisitos formales para ser conocida, concluyó que los argumentos presentados no justificaban la suspensión de la resolución emitida por la JCE.
En su decisión, el TSE también descartó el planteamiento de la Junta Central Electoral que cuestionaba la legitimidad del PVN para participar en el proceso. Los magistrados señalaron que, para una petición cautelar, lo necesario es que esta se encuentre vinculada a un proceso principal en curso.
En ese sentido, establecieron que tanto el Proyecto Visión Nación como Ramírez forman parte de la demanda principal identificada con el expediente TSE-01-0021-2026, por lo que cuentan con el vínculo procesal requerido.
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El tribunal tampoco acogió el argumento de la JCE de que la solicitud carecía de objeto, bajo el alegato de que la resolución ya había sido ejecutada y que los recursos correspondientes a este año habían sido distribuidos.
Los magistrados indicaron que la Junta no presentó documentación suficiente para demostrar que la totalidad de los fondos contemplados en la Resolución 01-2026 había sido entregada a las organizaciones políticas beneficiarias.
La decisión fue adoptada por los magistrados Lourdes T. de Jesús Salazar R., Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán.
El TSE ordenó que la decisión sea comunicada a las partes mediante su Secretaría y publicada en el portal institucional.
