Santo Domingo. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto iniciar este martes el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez (Jochi Gómez) y los demás acusados en el denominado caso Camaleón.
El proceso judicial gira en torno a una supuesta adjudicación irregular del contrato destinado a modernizar la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
La audiencia está pautada para comenzar con la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público, siempre que los abogados de los imputados no planteen algún incidente que impida el inicio formal del juicio.
Durante el proceso, el órgano acusador buscará obtener condenas contra los involucrados, entre ellos Beras y Gómez, además de Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
También están acusados Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero de la institución.
El expediente incluye además a Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Empresas incluidas en el expediente
En el proceso también aparecen varias sociedades comerciales señaladas por el Ministerio Público, entre ellas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según la acusación, algunas de estas compañías habrían obtenido contratos y acuerdos considerados irregulares, mediante los cuales se les habría permitido acceder a recursos y operaciones vinculadas al Estado.
El Ministerio Público sostiene que esas relaciones comerciales habrían servido para facilitar un supuesto esquema de desvío de recursos públicos y lavado de activos, además de comprometer aspectos relacionados con la seguridad tecnológica y el funcionamiento de infraestructuras estatales.
La acusación coloca a Jochi Gómez como una de las figuras principales dentro del supuesto entramado. El órgano persecutor señala que Gómez tendría vínculos societarios, financieros y operativos con varias de las empresas mencionadas en el expediente.
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De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, esas conexiones habrían permitido articular una estructura que presuntamente operaba mediante contratos con el Estado y que estaría relacionada con delitos como estafa contra el Estado, lavado de activos y sabotaje tecnológico.
El juicio de fondo permitirá a las partes presentar sus pruebas y argumentos ante las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que deberán valorar los elementos aportados durante el desarrollo del proceso.
