Santo Domingo. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a 11 empresas vinculadas a 10 senadores no constituye una sanción, sino una notificación de carácter administrativo derivada de la aplicación de la legislación vigente.
De los Santos consideró, además, que la divulgación de la medida en este momento fue inoportuna y explicó que ninguno de los senadores involucrados mantiene actualmente contrataciones con el Estado. Asimismo, indicó que varios de ellos ya no son accionistas de las empresas con las que fueron relacionados.
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Por su parte, el senador Antonio Marte aseguró que la prohibición les fue comunicada desde el año 2020 y sostuvo que sus empresas no realizan ventas al Estado.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que la suspensión de oficio de estos registros responde a las disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual prohíbe que determinados funcionarios mantengan un Registro de Proveedores del Estado activo mientras ejercen sus funciones. La institución aclaró que la medida tiene carácter preventivo y administrativo, y no implica una sanción contra los titulares de los registros.
La suspensión impide que las empresas afectadas participen en procesos de compras y contrataciones públicas mientras permanezcan las condiciones que dieron lugar a la medida.
