Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó una acusación formal contra diez personas y cuatro empresas señaladas de integrar una presunta red de corrupción desmantelada mediante la denominada Operación Lobo, la cual habría distribuido más de 108 millones de pesos en sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
La acusación fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, junto con la solicitud de apertura a juicio contra los imputados, a quienes el órgano persecutor atribuye su participación en una estructura que operaba mediante el pago de sobornos a funcionarios responsables de áreas de seguridad institucional.
Leer más: Policía asegura investigación por desaparición de doña Rosa en Villa Riva está «muy avanzada»
De acuerdo con el expediente, la presunta red distribuyó RD$108,080,359 en pagos ilícitos para garantizar la adjudicación, permanencia y ejecución de contratos de vigilancia privada en distintas entidades del Estado. La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución.
Entre los acusados figuran exresponsables de seguridad de instituciones como Edesur, Edeeste, Edenorte, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), además de representantes de empresas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad privada. También fueron incluidas cuatro personas jurídicas señaladas de formar parte de la presunta estructura.
El Ministerio Público solicitó al tribunal admitir la acusación con todas las pruebas recabadas durante la investigación y dictar auto de apertura a juicio contra los imputados. Asimismo, pidió la fijación de la audiencia preliminar para conocer el expediente. Los acusados enfrentan cargos por presuntos delitos de soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, entre otras infracciones que serán evaluadas por la jurisdicción competente.
