Santo Domingo.– El abogado Manuel Bordas advirtió que las empresas dominicanas cuentan con pocas semanas para fortalecer sus programas de cumplimiento normativo, ante la entrada en vigencia en agosto de la nueva normativa penal que introduce cambios significativos en la responsabilidad de las personas jurídicas.
Según explicó el jurista, el nuevo marco legal permitirá que las empresas sean procesadas penalmente por los actos u omisiones de sus órganos de dirección, ejecutivos, gerentes o empleados cuando estos sean consecuencia de fallos en los mecanismos de dirección, control y supervisión.
Bordas señaló que esta responsabilidad será solidaria con la de las personas físicas involucradas y precisó que no desaparecerá con la disolución de la empresa ni con la transferencia de sus activos. Además, indicó que podrá extenderse a las casas matrices o a las entidades que ejerzan control dentro de grupos empresariales.
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«Lo que antes se veía como una buena práctica de gobernanza corporativa ahora es una necesidad ineludible para proteger la supervivencia misma de las empresas», afirmó.
El especialista sostuvo que la principal herramienta de defensa contemplada por la nueva legislación será la implementación de un programa de cumplimiento normativo que sea verificable, medible y esté funcionando de manera efectiva.
Asimismo, aclaró que los programas de prevención de lavado de activos con los que ya cuentan los llamados sujetos obligados no son suficientes para responder a las nuevas exigencias legales.
«Se trata de un marco más amplio que abarca todos los delitos posibles derivados de la actividad empresarial: fraude, corrupción, delitos laborales, ambientales y muchos otros. Son obligaciones distintas y la empresa debe cumplir con ambas», explicó.
Bordas indicó que un programa de cumplimiento efectivo debe contemplar una matriz de riesgos penales ajustada a la actividad de la empresa, la designación de un oficial de cumplimiento con independencia y autoridad, canales de denuncias, protocolos de investigación interna, un régimen disciplinario y auditorías periódicas para evaluar su funcionamiento.
El abogado exhortó a los directivos y accionistas a no esperar la entrada en vigor de la normativa para adoptar estas medidas, al considerar que la falta de preparación podría traducirse en consecuencias legales, económicas y reputacionales para las organizaciones.
«El tiempo apremia. Agosto está a la vuelta de la esquina y las empresas que lleguen sin un programa implementado quedarán expuestas a riesgos innecesarios que pueden afectar su continuidad, reputación y el patrimonio de sus directivos y accionistas», concluyó.
El jurista informó que en los próximos días ofrecerá orientaciones prácticas y análisis sobre las acciones que deben implementar las empresas para adaptarse al nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa en la República Dominicana.
