Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo emitió el Decreto núm. 403-2026, mediante el cual establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, una iniciativa que busca modernizar la prestación de los servicios públicos, reducir la burocracia y evitar que ciudadanos y empresas tengan que presentar documentos o informaciones que ya reposan en otra institución del Estado.
La nueva normativa dispone que los organismos públicos prioricen el intercambio seguro, estandarizado, trazable y oportuno de datos, documentos electrónicos y otros registros, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y ofrecer servicios digitales más eficientes e integrados.
Con esta medida, el Gobierno busca disminuir la duplicidad documental, mejorar la calidad de la información bajo custodia del Estado y simplificar los trámites tanto para la ciudadanía como para las empresas y los propios servidores públicos.
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El decreto designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como órgano rector del nuevo marco, responsable de establecer los lineamientos, normas, estándares y protocolos de interoperabilidad y gobernanza de datos, además de coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, que dará seguimiento a la implementación de la iniciativa.
Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) tendrá a su cargo la operación técnica de la Plataforma Única de Interoperabilidad, infraestructura que permitirá el intercambio de información entre las instituciones públicas.
Asimismo, cada organismo deberá registrar y mantener actualizados sus datos para facilitar el acceso e intercambio de información, aunque conservará la titularidad y responsabilidad sobre los registros que administra.
En materia de identidad, el decreto establece que todos los sistemas y servicios públicos que requieran validar información de los ciudadanos deberán coordinarse con la Junta Central Electoral (JCE), respetando sus atribuciones constitucionales. Además, la información obtenida mediante interoperabilidad con el Registro Civil solo podrá utilizarse para fines legítimos y compatibles con las competencias de la institución solicitante, fortaleciendo la protección de los datos personales.
La disposición también deroga el Decreto núm. 92-22, que regulaba el anterior Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental, con el propósito de actualizar la estrategia de transformación digital del Estado y consolidar un modelo de gestión pública más eficiente y centrado en el ciudadano.
