Santiago.- El abogado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Manuel Conde, aseguró que la decisión de la jueza de imponer prisión preventiva a dos de los principales imputados de la Operación Onco14 constituye un reconocimiento a la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y a la contundencia de las pruebas que vinculan a los acusados con un presunto fraude que habría desviado RD$3,750 millones destinados a la atención de pacientes con cáncer.
Conde, quien representa al Estado dominicano y a Senasa, afirmó que el tribunal valoró la solidez de la evidencia presentada, el riesgo procesal que representaban los imputados y la necesidad de proteger la investigación, razones por las que impuso 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán, mientras que Dilcia Isabel Vargas Sánchez deberá cumplir prisión domiciliaria.
El jurista sostuvo que la presunta estructura criminal habría operado entre 2018 y 2025, utilizando reclamaciones fraudulentas al sistema de salud mediante procedimientos médicos inexistentes, facturaciones duplicadas y el cobro íntegro de medicamentos oncológicos que, presuntamente, eran suministrados de forma parcial a los pacientes.
“El mayor impacto recayó sobre el régimen subsidiado, afectando recursos destinados a los dominicanos más pobres que luchan contra el cáncer”, enfatizó Conde, al señalar que se trata de uno de los casos de presunta defraudación más sensibles por involucrar fondos públicos dirigidos a salvar vidas.
El representante de Senasa advirtió que las investigaciones continúan y que el monto del perjuicio económico podría variar conforme avancen las auditorías y el análisis de las evidencias.
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Asimismo, afirmó que el tribunal reconoció que existe una importante consistencia probatoria, con altas probabilidades de que los hechos atribuidos a los imputados sean confirmados en la audiencia preliminar y posteriormente en el juicio de fondo.
Conde concluyó enviando un mensaje de firmeza al asegurar que el Estado dominicano perseguirá hasta las últimas consecuencias a toda persona que desvíe recursos públicos, especialmente cuando esos fondos pertenecen al sistema de salud y estaban destinados a pacientes con enfermedades tan delicadas como el cáncer.
