Barcelona.- Policías españoles liberaron a seis mujeres explotadas sexualmente y detuvieron a 23 presuntos miembros de una red, con un clan de España y otro de Brasil, que prostituía a mujeres latinoamericanas sin papeles en prostíbulos ‘low cost’ de las provincias de Barcelona y Girona (noreste).
En una rueda de prensa este lunes, responsables de ambos cuerpos de seguridad detallaron que los detenidos son 15 mujeres y ocho hombres, todos ellos miembros de dos grupos criminales que se coordinaban para explotar sexualmente a las víctimas, que abandonaban sus países de origen bajo falsas promesas laborales.
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Al llegar a España se les imponían deudas «abusivas», según los investigadores, de entre 8.000 y 10.000 euros, para explotarlas sexualmente en prostíbulos de bajo precio, de los que no podían salir más de una o dos veces al día, y que reunían en algunos casos a más de un centenar de clientes en tres días.
Los agentes identificaron casas prostíbulo repartidas entre Barcelona y Girona y, finalmente, el 17 de junio llevaron a cabo 16 registros y las detenciones, que se produjeron en su mayoría en Cataluña, excepto una en Jaén (sur) y dos en Madrid.
Una primera víctima fue liberada en el inicio de la investigación, otras tres lo fueron durante el transcurso del operativo y el resto, al final de este, aunque se identificaron hasta 53 mujeres, la mayoría de ellas en situación administrativa irregular, que eran prostituidas en las casas investigadas.
Ocho de las 23 personas detenidas fueron enviadas a prisión sin fianza, la mayoría también mujeres.
Además, los investigadores intervinieron 200.000 euros en efectivo, así como sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.
Los clanes, con más de 10 años en el sector, ofrecían una prostitución barata, lo que «atraía» a muchos más hombres en comparación con un prostíbulo estándar, y se repartían los beneficios, explicaron los inspectores.
El grupo español tenía antecedentes por prostitución, mientras que el brasileño, que operaba desde Vic (Barcelona), tenía antecedentes policiales.
Los grupos tenían testaferros para crear cuentas bancarias y comprar viviendas para pasar «desapercibidos», por lo que la Policía española investigará el posible blanqueo de capitales.
Las mujeres pasaron bajo la tutela de entidades especializadas en asistencia a víctimas de trata.
