Santo Domingo.— El diputado Charlie Mariotti Jr. sometió ante el Congreso Nacional un proyecto de ley orgánica que busca modificar los artículos 208, 310 y 315 de la Ley núm. 74-25, Código Penal de la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales de la libertad de expresión, la prensa y la crítica ciudadana.
La iniciativa propone incorporar un principio de interpretación restrictiva en favor de la libertad de expresión y reformar las figuras penales de difamación, ultraje a la autoridad y desacato. En el caso de la difamación (art. 208), el proyecto exige que el hecho imputado sea falso, reconoce la protección a la crítica y al periodismo de interés público —con un estándar análogo al de “real malicia”— y elimina la prisión como sanción, dejando únicamente multa. Respecto al ultraje a la autoridad (art. 310), la tipificación se circunscribe a amenazas graves o actos de intimidación contra funcionarios, excluyendo expresamente la crítica, la protesta pacífica y el ejercicio periodístico. En cuanto al desacato (art. 315), la propuesta limita la figura a amenazas, violencia o incumplimiento deliberado de mandatos judiciales o legislativos, explicitando la exclusión de la sátira, la opinión política y la denuncia ciudadana.
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Los cambios planteados buscan adecuar esas conductas a los principios de legalidad, taxatividad, proporcionalidad e intervención mínima, y responder al reclamo de diversos sectores de la sociedad civil, el periodismo, la academia y gremios profesionales por mayores garantías para el ejercicio del derecho a informar y criticar.
Como medida de respaldo, Mariotti presentó además un segundo anteproyecto que modifica el artículo 393 de la Ley núm. 74-25 para ampliar en seis meses la vacatio legis del nuevo Código Penal. Esta extensión pretende asegurar el tiempo necesario para introducir ajustes constitucionales pendientes y para que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y demás actores del sistema de justicia se preparen adecuadamente antes de la entrada en vigor de la normativa.
Ambas iniciativas, indicó el legislador, persiguen el mismo propósito: garantizar que la reforma penal entre en vigencia de forma compatible con la Constitución, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos ciudadanos. El proyecto será remitido a las comisiones correspondientes para su estudio y debate.
