La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia aplazó para el próximo 2 de julio la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medida de coerción contra un inspector de control migratorio, acusado de exigir RD$100,000 a una mujer para facilitar su salida hacia el Reino de España a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra el imputado, Carlos Javiel Sánchez Terrero, quien fue arrestado durante una entrega controlada del dinero, previamente autorizada por un tribunal. De acuerdo con la investigación, el funcionario fue detenido en el momento en que presuntamente recibiría el soborno.
Las pesquisas son encabezadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo de equipos operativos de la Dirección General de Migración (DGM).
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La entrega controlada fue ejecutada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento bajo la dirección del Ministerio Público, representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación estuvo sustentada en el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Según el Ministerio Público, este tipo de operaciones forma parte de las acciones implementadas para combatir la corrupción administrativa y el crimen organizado.
El expediente establece que Sánchez Terrero fue detenido cuando se disponía a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, en el marco de la entrega controlada autorizada por la jueza.
El imputado enfrenta cargos por presunta violación del artículo 146 de la Constitución, relativo a la proscripción de la corrupción; los artículos 175 y 177 del Código Penal, sobre soborno; el artículo 2 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; y los artículos 2.11, 3 y 9.4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
