Santo Domingo.- – El Ministerio de Salud Pública anunció el fortalecimiento de las acciones de vigilancia sanitaria en todo el país, con el objetivo de garantizar el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad en establecimientos de consumo de alimentos y otros servicios relacionados con la salud pública.
La institución informó que estas medidas forman parte de un plan de supervisión más riguroso que busca proteger a la población frente a posibles riesgos sanitarios, especialmente en negocios donde se manipulan alimentos o se ofrecen servicios que requieren habilitación oficial.
Supervisión más estricta en establecimientos
Salud Pública explicó que los operativos de inspección se están realizando de manera continua en distintos puntos del territorio nacional, donde técnicos del área de salud ambiental verifican las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos.
Recomendamos leer: Salud Pública activa plan de protección sanitaria para los Juegos Centroamericanos 2026
Durante estas inspecciones, se evalúan aspectos como la limpieza de los espacios, el manejo adecuado de los alimentos, la disposición de desechos, la calidad del agua utilizada y el cumplimiento de los permisos sanitarios establecidos por la ley.
Sanciones por incumplimiento
El Ministerio advirtió que los establecimientos que incumplan las normativas vigentes serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley General de Salud 42-01 y los reglamentos sanitarios.
Entre las medidas que pueden aplicarse figuran el cierre temporal o definitivo de negocios, la suspensión de servicios y la imposición de multas, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas.
La entidad reiteró que estas acciones no tienen un carácter punitivo arbitrario, sino preventivo, con el fin de evitar brotes de enfermedades y garantizar la seguridad de los consumidores.
Llamado a la responsabilidad
Salud Pública exhortó a los propietarios de establecimientos a mantener sus negocios en condiciones óptimas y a cumplir con todos los requisitos de habilitación sanitaria, evitando así sanciones que puedan afectar sus operaciones.
Asimismo, recordó que el cumplimiento de las normas es una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado para proteger la salud colectiva.
