Santiago.- La defensa de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato de Lucha Contra el Cáncer, aseguró este martes que su cliente nunca administró fondos públicos y denunció que el proceso judicial en su contra responde a un supuesto interés del Ministerio Público de intervenir y controlar el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Durante el conocimiento del caso, el abogado Juan Francisco Rodríguez Consoró informó que depositó ante el tribunal documentos y certificaciones que, según afirma, demuestran que Lora Cruceta no tenía la condición de funcionario público ni manejó recursos estatales durante su gestión al frente de la entidad.
“Existe una certificación del Ministerio de la Presidencia y de las instituciones correspondientes que establece que durante el período 2018-2025 Héctor Lora Cruceta no administró fondos públicos”, sostuvo el jurista.
Rodríguez Consoró calificó el proceso como una persecución injustificada y aseguró que el Ministerio Público está utilizando recursos del Estado para investigar una institución de carácter privado y sin fines de lucro.
“El Oncológico es una institución privada que no pertenece a la red pública de salud y que no recibía fondos públicos, tal como lo ha establecido el propio Ministerio de Salud Pública”, expresó.
El abogado afirmó además que los más de RD$3,700 millones que forman parte de la investigación corresponden a recursos facturados y utilizados por el propio centro médico para su funcionamiento, rechazando cualquier alegato de malversación.
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“Vamos a demostrar con pruebas qué ocurrió realmente con esos fondos. Todo el dinero que ingresó al Oncológico fue invertido en la misma institución”, indicó.
La audiencia fue suspendida debido a lo avanzado de la hora y fue reprogramada para el próximo jueves, cuando las partes continuarán presentando sus argumentos y evidencias ante el tribunal.
La defensa insistió en que el expediente carece de fundamentos probatorios y cuestionó que el Ministerio Público mantenga la acusación contra una persona que, según sostiene, nunca ocupó una función pública ni tuvo control sobre recursos estatales.
El caso ha generado amplio interés público debido a las acusaciones relacionadas con el manejo administrativo y financiero del Instituto Oncológico Regional del Cibao, mientras el tribunal se prepara para continuar el conocimiento del proceso en los próximos días.
