Advierten que nuevas disposiciones podrían desalentar las denuncias ciudadanas y el periodismo de investigación
Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó este lunes sobre lo que calificó como una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno que podrían representar una amenaza para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a denunciar hechos de interés público.
Durante una rueda de prensa encabezada por Iván Lorenzo, Zoraima Cuello y José Dantés, la organización política expresó preocupación por disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, al considerar que podrían generar mecanismos de restricción a la difusión del pensamiento y al ejercicio de la crítica ciudadana.
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Los dirigentes peledeístas sostuvieron que estas normativas contemplan sanciones que podrían afectar no solo a periodistas, comunicadores e influencers, sino también a cualquier ciudadano que realice denuncias con fines de investigación o fiscalización pública.
“Nos preocupa particularmente que figuras penales redactadas de forma ambigua, sanciones que incluyen privación de libertad para determinadas expresiones y facultades amplias de inteligencia estatal puedan generar un ambiente de temor, autocensura e incertidumbre incompatible con las garantías consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República”, expresaron.
El PLD enfatizó que la defensa de la libertad de expresión trasciende los intereses de periodistas, medios de comunicación o partidos políticos, al tratarse de una garantía fundamental de todos los ciudadanos en una sociedad democrática.
Cuestionamientos al Código Penal
La organización manifestó especial preocupación por las disposiciones relacionadas con la difamación, la injuria y la figura de “ultraje a funcionarios”, al entender que podrían entrar en conflicto con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión y protección del debate sobre asuntos de interés público.
Según explicó, el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 3 de agosto, contiene artículos que podrían utilizarse para desalentar el periodismo de investigación, inhibir denuncias de interés público y fomentar la autocensura entre ciudadanos, comunicadores y usuarios de redes sociales.
Recordó que la Sentencia TC/0075/16 declaró inconstitucionales disposiciones de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento que establecían sanciones penales por difamación e injuria contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, señaló que la Sentencia TC/1148/25 reafirmó criterios orientados a impedir que la privación de libertad sea utilizada como mecanismo para restringir la libertad de expresión.
En ese contexto, advirtió que los artículos 309 al 311 del nuevo Código Penal, que tipifican el denominado “ultraje a funcionarios”, presentan una redacción amplia y contemplan sanciones que podrían utilizarse para limitar críticas o cuestionamientos dirigidos a quienes ejercen funciones públicas.
“La protección del honor y la dignidad de los funcionarios constituye un objetivo legítimo, pero debe armonizarse con el derecho de la ciudadanía a cuestionar, investigar, denunciar y fiscalizar el ejercicio del poder público”, señalaron.
Observaciones a la Ley DNI
El PLD también expresó reservas sobre diversos aspectos de la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, al considerar que algunos de sus contenidos requieren revisión para garantizar un equilibrio adecuado entre las necesidades de inteligencia del Estado y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
En particular, cuestionó la amplitud de conceptos como “intereses nacionales” y “objetivos nacionales”, cuya definición abierta, a su juicio, otorga márgenes excesivos de discrecionalidad administrativa.
“En un Estado democrático de derecho, las facultades extraordinarias de inteligencia deben estar acompañadas de límites precisos, controles efectivos y mecanismos claros de rendición de cuentas”, indicaron.
Asimismo, plantearon la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión institucional y ampliar las garantías para la protección de fuentes periodísticas, el secreto profesional y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Propuestas
Ante este escenario, el PLD propuso que el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sea debatido ampliamente en el Consejo Económico y Social (CES) antes de cualquier intento de reintroducción en el Congreso Nacional.
También planteó que, antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, se someta una iniciativa que adecúe las disposiciones sobre difamación, injuria y ultraje a funcionarios a los principios constitucionales y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
De igual forma, solicitó una revisión de la Ley 1-26 para precisar los límites de actuación de la Dirección Nacional de Inteligencia y reforzar las garantías de protección de derechos fundamentales.
Finalmente, el partido opositor llamó a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante ante cualquier iniciativa que pueda afectar las libertades públicas y reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a fiscalizar a quienes ejercen el poder.
