Santiago. La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yiberty Polanco, dará a conocer este viernes a las 2:00 de la tarde su decisión sobre la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los imputados en la denominada Operación XL-526, una presunta red vinculada a delitos de extorsión, estafa electrónica y lavado de activos.
La decisión mantiene en expectativa tanto al Ministerio Público como a los abogados de la defensa, quienes han expresado posiciones encontradas sobre el destino judicial de los acusados. Mientras el órgano persecutor solicita prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso, los representantes legales de algunos imputados esperan que se impongan medidas menos gravosas.
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El proceso judicial se ha extendido por más de una semana debido a la magnitud del expediente y al número de personas involucradas. La investigación se inició tras una serie de allanamientos realizados en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, en Santiago, donde las autoridades arrestaron a varios sospechosos e incautaron vehículos, propiedades, dinero en efectivo y otras evidencias que presuntamente estarían relacionadas con actividades ilícitas.
Según el Ministerio Público, los imputados formaban parte de una estructura criminal dedicada a cometer delitos de alta tecnología, estafas electrónicas, extorsiones y chantajes dirigidos contra ciudadanos dominicanos residentes en los Estados Unidos.
La acusación también incluye cargos por asociación de malhechores, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
Entre los encartados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
La decisión que adopte la magistrada Polanco será clave para el desarrollo de la investigación y determinará la situación jurídica inmediata de los acusados en uno de los casos de presunta criminalidad organizada que más atención ha generado en las últimas semanas en Santiago.
