Santo Domingo.– El procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que el tribunal acogió de manera total la acusación presentada por el órgano persecutor contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.
Tras conocerse la decisión que envía a los imputados a juicio de fondo, Camacho destacó que el fallo también respalda la posición de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a la acusación del Ministerio Público.
“El tribunal ha acogido de manera total la acusación del Ministerio Público y de cuarenta y dos de los cincuenta y cuatro querellantes que se adhirieron a ella”, expresó.
Te puede interesar: Juez envía a juicio de fondo a hermanos Espaillat; sin variación jurídica
El representante del Ministerio Público valoró además la decisión de mantener medidas de coerción reales por un monto de RD$500 millones, mediante la inmovilización de bienes, con el objetivo de garantizar una eventual reparación económica a favor de las víctimas y sus familiares.
Camacho recordó que la tragedia del Jet Set provocó la muerte de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos, calificando el hecho como uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del país.
Asimismo, señaló que durante la investigación el Ministerio Público recopiló pruebas documentales, testimoniales y periciales, incluyendo un peritaje realizado con la participación de un experto internacional, cuyos hallazgos fueron acogidos por el tribunal en la fase preliminar.
Respecto al peritaje presentado por la defensa, afirmó que no representa una preocupación para el órgano acusador, debido a que, según sostuvo, también concluye que existieron actos de negligencia e imprudencia relacionados con el colapso de la estructura.
“A nosotros no nos preocupa ese peritaje porque igualmente establece que hubo negligencia e imprudencia. Ambos peritajes señalan que la causa del colapso fue atribuible a los acusados”, manifestó.
El director de Persecución indicó que, tras la apertura a juicio, el Ministerio Público concentrará sus esfuerzos en demostrar la responsabilidad penal de los imputados y solicitar la máxima sanción que permite la legislación dominicana para este tipo de delitos.


