Santo Domingo.– El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió este lunes a juicio de fondo a los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo del establecimiento que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos la madrugada del 8 de abril de 2025.
Al dictar auto de apertura a juicio, el magistrado rechazó la solicitud de algunos querellantes que buscaban variar la calificación jurídica del expediente a homicidio voluntario mediante la figura del dolo eventual, manteniendo la acusación sustentada por el Ministerio Público bajo los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, relativos al homicidio culposo o imprudente.
Durante la lectura íntegra de la decisión, el tribunal concluyó que corresponde a un tribunal de fondo valorar la responsabilidad penal de los imputados respecto a las presuntas negligencias atribuidas en el mantenimiento, supervisión y modificaciones realizadas a la estructura donde operaba el centro de entretenimiento.
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Asimismo, el juez declaró admisibles las querellas y constituciones en actores civiles presentadas por víctimas y familiares que cumplieron con los requisitos legales, además de admitir las pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales aportadas por el Ministerio Público y los elementos probatorios presentados por la defensa.
En cuanto a las medidas de coerción, el magistrado mantuvo la garantía económica de RD$50 millones impuesta a cada uno de los imputados, así como el impedimento de salida del país y la obligación de presentación periódica ante las autoridades el día 30 de cada mes. Indicó que los acusados han cumplido con los requerimientos del proceso, por lo que no existían razones para modificar las medidas vigentes.
La decisión también confirmó la permanencia de las medidas conservatorias sobre bienes y activos vinculados al caso. Entre ellas figuran órdenes de inmovilización, secuestro, embargo conservatorio, embargo retentivo e hipotecas judiciales hasta por un monto de RD$500 millones, con el propósito de garantizar una eventual reparación económica a favor de las víctimas.
Además, fueron admitidos como terceros civilmente demandados las empresas Inversiones E & R SRL, Radiocadena Comercial SRL, Difusora Hemisferio SRL e Inversiones CCP Dos SA, así como Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, quienes deberán responder en la fase de juicio respecto a las reclamaciones civiles derivadas de la tragedia.
Con esta decisión concluye la etapa preliminar del proceso judicial y el expediente será remitido al tribunal correspondiente para el conocimiento del juicio de fondo, donde se debatirán las pruebas y se determinará la responsabilidad penal de los acusados en uno de los casos más impactantes de la historia reciente de la República Dominicana.
