Santo Domingo.- Los tres exdirectivos vinculados al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer arrestados durante la Operación Onco14 enfrentarán múltiples cargos penales por su presunta participación en una estructura que habría desviado millones de pesos destinados a pacientes oncológicos y recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público informó que Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez serán sometidos a la justicia por asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
De acuerdo con las autoridades, la investigación apunta a que los imputados utilizaron diversas maniobras fraudulentas para sustraer fondos administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), recursos que estaban destinados a la atención médica de pacientes con cáncer y afiliados al régimen subsidiado del SeNaSa.
La operación fue ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
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Durante los allanamientos realizados como parte de la Operación Onco14, las autoridades ocuparon una importante cantidad de evidencias que serán incorporadas al proceso judicial. Entre los objetos incautados figuran dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos financieros y administrativos, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos celulares y equipos de grabación digital (DVR).
Según el Ministerio Público, la estructura investigada también habría contado con la participación de empleados y personas vinculadas al patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao, quienes presuntamente colaboraron en la ejecución de las operaciones fraudulentas.
Las autoridades sostienen que las acciones atribuidas a los imputados provocaron perjuicios económicos tanto al Estado dominicano como a los pacientes oncológicos beneficiarios de programas de salud pública, razón por la cual califican el caso como uno de los fraudes más sensibles investigados recientemente dentro del sector salud.
