Santo Domingo. – La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE), ejecutó un amplio operativo contra el fraude eléctrico en distintos sectores de la provincia La Altagracia, donde fueron detectadas conexiones ilegales y manipulaciones irregulares en el sistema energético.
Durante las jornadas de fiscalización, las autoridades identificaron usuarios reincidentes que serán sometidos a procesos judiciales por presunta violación a la Ley General de Electricidad, debido al perjuicio causado al sistema eléctrico nacional.
Los operativos se desarrollaron en las zonas de El Hoyo de Friusa, Verón, Downtown y la comunidad de Bávaro, donde se realizaron decenas de intervenciones en residencias y establecimientos comerciales conectados al área energética administrada por el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM).
Recomendamos leer: PGASE realiza operativo contra el fraude eléctrico en comercios y sectores de Las Terrenas
El titular de la PGASE, procurador de corte José Aníbal Carela, encabezó las acciones y aseguró que la lucha contra el robo de energía se mantendrá de forma permanente en todo el país.
“El robo de electricidad es una práctica inmoral y deshonesta que afecta a toda la sociedad. Estamos trabajando 24/7 en el combate de este delito. Nuestra meta es clara: llevar ante la justicia a todo aquel que sustraiga energía de manera ilegal”, expresó Carela.
Las autoridades explicaron que las intervenciones fueron ejecutadas de manera simultánea en varios sectores residenciales y comerciales de alto flujo, como parte de una estrategia continua para detectar irregularidades y fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico.
Asimismo, exhortaron a los ciudadanos y propietarios de negocios a regularizar su situación técnica y legal para evitar sanciones y posibles procesos penales.
La PGASE reiteró que los operativos continuarán intensificándose en diferentes provincias del país, al advertir que el fraude eléctrico no solo constituye un delito, sino que también representa un riesgo para la seguridad de las personas y el sistema energético nacional.
