Bangkok.- El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) ha presentado un proyecto de ley que contempla la pena de muerte para los estafadores digitales, cuyas mafias abundan en el Sudeste Asiático y captan a miles de víctimas de numerosos países, incluyendo España y Latinoamérica.
La legislación, cuya fecha de discusión y aprobación aún no se conoce, estipula que los miembros de estas bandas criminales serán sentenciados con la pena capital si se descubre que han causado alguna muerte, según publicó el diario Myanmar Allin, controlado por los militares.
Tanto la ONU como varias oenegé e investigaciones independientes han documentado cómo en los centros se trabaja en condiciones de semi esclavitud, con casos de torturas y muertes de empleados.
Asimismo, el nuevo marco legal da potestad de las autoridades para cerrar las cuentas bancarias vinculadas a las estafas digitales y detener así el flujo de dinero, dentro de un negocio que genera más de 43.800 millones de dólares anuales en la región, según estimaciones del Instituto para la Paz de Estados Unidos.
Los centros de estafa transfronterizos han proliferado en los últimos años sobre todo en Birmania y Camboya, donde miles de personas trabajan por voluntad propia o engañadas para defraudar a víctimas de todo el planeta bajo órdenes de mafias, muchas de ellas chinas, según expertos e informes de Naciones Unidas.
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En los últimos meses, el gobierno del general golpista Min Aung Hlaing, investido en abril como presidente de Birmania tras unas elecciones sin oposición prodemocrática, ha informado de la detención de cientos de personas vinculadas con las estafas digitales en medio del impulso de China para combatir estas bandas.
En medio de esa escalada, miles de personas han sido repatriadas desde Camboya y Birmania hacia sus respectivos países, muchas de ellas tras haber sido rescatadas en operativos policiales que acabaron con la detención de líderes de estas mafias.
Con la nueva legislación Birmania prevé avanzar en asuntos como el rastreo de información financiera y el bloqueo de servicios de telefonía e internet en casos relacionados con los centros de estafas, cuyo epicentro mundial se sitúa en el Sudeste Asiático, según la Oficina de la ONU contra el Crimen y las Drogas (UNODC).
