Santo Domingo.— La propuesta del Gobierno de reducir a la mitad el presupuesto destinado a los partidos políticos para el año 2026 ha generado un fuerte rechazo en la oposición, que califica la medida como “populista” y “autoritaria”, en medio de la crisis económica derivada del conflicto en Medio Oriente.
El Poder Ejecutivo ha defendido la iniciativa como un sacrificio necesario de la clase política para redirigir recursos hacia subsidios sociales. Sin embargo, dirigentes de organizaciones como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Opción Democrática y Alianza País consideran que se trata de una maniobra que pone en riesgo la equidad democrática.
Javier Hubiera, delegado de la Fuerza del Pueblo, advirtió que los partidos ya operan con limitaciones financieras, por lo que una reducción que los deje con apenas un 25% de los recursos establecidos por ley podría generar una crisis legal, debido a compromisos contractuales previamente asumidos.
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En tanto, desde el PLD y Opción Democrática, dirigentes como Johnny Pujols y José Horacio Rodríguez criticaron la falta de consenso en la propuesta. Ambos coincidieron en que la medida busca desviar la atención de lo que califican como falta de austeridad en áreas del gasto público, incluyendo publicidad y viáticos.
El debate se centra en la Ley 99-25 de Presupuesto, cuya modificación sería necesaria para ejecutar el recorte, lo que implicaría la aprobación del Congreso Nacional en un contexto de alta polarización política.
Actualmente, el financiamiento público a los partidos asciende a RD$1,620 millones, una cifra que, aunque significativa, representa una porción reducida frente a los RD$40,000 millones que el Gobierno pretende optimizar.
Analistas advierten que el conflicto trasciende lo económico y se sitúa en el plano de la legitimidad institucional, señalando que la oposición percibe una ruptura en los canales de diálogo establecidos recientemente.
La Ley de Partidos Políticos contempla el financiamiento público como un mecanismo para garantizar la equidad en la competencia electoral y reducir la influencia de intereses privados. En ese sentido, expertos alertan que un recorte drástico podría empujar a las organizaciones políticas a recurrir a fuentes de financiamiento menos transparentes, elevando los riesgos de corrupción en el sistema.
