Santo Domingo, RD. – En un paso que podría marcar un antes y un después en la protección de miles de familias dominicanas, el diputado Carlos De Pérez, representante de la Fuerza del Pueblo por La Romana, depositó este miércoles ante la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Orgánica de Pensión Alimenticia que redefine por completo el modelo actual.
Uno de los pilares de la iniciativa es la incorporación de tecnología en la fiscalización. A través del Registro Nacional de Alimentantes (RENADA), el Estado podrá monitorear en tiempo real a los obligados, gracias a su interconexión con instituciones clave como el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y el sistema financiero. Este mecanismo permitiría, además, activar alertas automáticas de incumplimiento, generando medidas de apremio apenas cinco días después del vencimiento de la obligación, sin necesidad de que el afectado tenga que iniciar un proceso judicial.
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El proyecto también apuesta por la transparencia mediante la bancarización obligatoria de los pagos, asegurando que cada transacción quede debidamente registrada y supervisada.
En el plano económico, la iniciativa introduce un elemento clave: la indexación automática de las pensiones conforme a la inflación, evitando que pierdan valor con el paso del tiempo. A esto se suma la retroactividad de la deuda desde el momento de la demanda y su carácter imprescriptible mientras el beneficiario sea menor de edad.
La propuesta legislativa rompe con los esquemas tradicionales al plantear un sistema más ágil, oral y eficaz, dejando atrás los procesos burocráticos que durante años han dificultado el cumplimiento de esta obligación fundamental.
Pero más allá de la modernización, la propuesta endurece el régimen de consecuencias. Los deudores podrían enfrentar restricciones importantes en su vida civil, como la imposibilidad de renovar documentos oficiales, salir del país o realizar determinadas actividades comerciales.
Incluso, se contempla el arresto nocturno como medida de presión, sin afectar la capacidad laboral del obligado.
El alcance de la ley también se amplía de forma significativa. La obligación de pago podría extenderse hasta los 21 años si el beneficiario continúa sus estudios, se reconoce el derecho a pensión desde la etapa prenatal y se incorpora la responsabilidad de los hijos hacia padres en condición de vulnerabilidad.
Asimismo, el proyecto trasciende fronteras al incluir mecanismos de cooperación internacional para localizar y exigir el cumplimiento a deudores en el extranjero, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Paralelamente, se crea un Fondo de Emergencia de Sustento Alimentario, destinado a garantizar una cobertura mínima en casos de insolvencia comprobada.
El legislador enfatizó que la iniciativa busca equilibrar derechos y deberes dentro del sistema. “Esta ley no tiene sexo; la persona demandada es quien debe probar sus ingresos. Además, quien administra la pensión debe detallar en qué usa el dinero. Si un hombre es descartado como padre, la mujer tendrá que devolverle todo lo que invirtió por concepto de pensión alimenticia”, afirmó.
Con esta iniciativa, el legislador busca no solo actualizar el marco legal, sino también enviar un mensaje claro: el derecho a la alimentación no puede seguir dependiendo de la voluntad de quien debe cumplirlo, sino de un sistema que garantice su ejecución de manera efectiva.
