El impacto de la represión en Nicaragua ha provocado que más de 700,000 personas abandonen el país desde abril de 2018, según datos de Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.
De ese total, al menos 370,000 han solicitado asilo político, lo que sitúa a Nicaragua como el segundo país en el mundo con más pedidos de refugio en proporción a su población.
«Esta cifra ilustra la magnitud de la crisis y el alcance de las políticas represivas implementadas por el régimen», advirtió Jan Simon, Chair del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en entrevista a Infobae.
La dinámica de salida masiva de nicaragüenses ha generado cambios notables en las comunidades de acogida, especialmente en Costa Rica, donde los recién llegados enfrentan obstáculos para acceder a servicios básicos y empleo.
Diversos organismos internacionales han advertido sobre el aumento de la vulnerabilidad de este grupo y su exposición al tráfico y la explotación laboral.
Simon detalló en entrevista a Infobae que la migración forzada obedece no solo a motivos económicos, sino a la persecución directa de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes han sufrido allanamientos y amenazas.
Corrupción estructural y financiamiento de la represión
Simon destacó que la investigación del Grupo de Expertos presentada el martes ante la ONU advirtió que la corrupción en el Estado nicaragüense se consolida como mecanismo de financiamiento para la represión política.
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El análisis de la documentación contable permitió confirmar que fondos públicos, originalmente destinados a programas sociales y servicios como limpieza y asistencia, fueron redirigidos hacia el apoyo de grupos paraestatales vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSL.
La investigación identificó que al menos seis municipalidades participaron en un esquema donde, en los primeros dos meses del análisis, se desvió aproximadamente cinco millones de unidades monetarias.
“Este monto corresponde solo a algunos proyectos y municipios, representando una fracción del dinero total empleado para fines represivos”, agregó Simon.
Expertos destacaron la ausencia de controles y la complicidad de funcionarios que validaron estas transferencias fuera de los procesos presupuestarios regulares.
Funcionamiento del aparato de represión
El financiamiento de la represión -explicó el experto-moviliza recursos de las municipalidades, bajo el monitoreo del Instituto de Desarrollo Municipal Nicaragüense, y la dirección de figuras clave como Fidel Moreno, secretario administrativo del FSLN, bajo lineamientos de la vicepresidenta Rosario Murillo.
Se ha extendido la exigencia de aportes directos a funcionarios públicos para ser destinados al partido, incrementando los recursos disponibles para sostener estas prácticas.
El esquema incluye, además, incentivos por parte de las autoridades a quienes colaboran con actividades de control y vigilancia social en barrios y comunidades, reforzando una red de informantes y represores.
Las prácticas represivas cuentan con respaldo logístico y tecnología importada, acorde al seguimiento de movimientos opositores y la detección de actores considerados peligrosos para el régimen.
Evolución de las tácticas represivas
Las fases de la represión en Nicaragua comenzaron con la sofocación de manifestaciones, siguieron con la anulación de la oposición en el proceso electoral de 2021 mediante encarcelamientos masivos, y se enfocaron luego en neutralizar a sectores como la Iglesia católica y movimientos campesinos.
Actualmente, la acción represiva se ha extendido hacia el exterior, mediante vigilancia, amenazas y acoso –físico y digital– dirigidos a nicaragüenses exiliados, llegando, de acuerdo con reportes de organismos, a ejecuciones fuera del país, especialmente en Costa Rica.
El alcance internacional de estos mecanismos también implica el uso de herramientas como Interpol, control de lavado de activos y la coacción sobre familiares que continúan en Nicaragua, buscando evitar la denuncia y repercusión internacional de los abusos.
Fuentes consultadas advierten que el régimen ha sofisticado sus métodos para dificultar la obtención de refugio y reducir la presión exterior por derechos humanos.
El carácter de los crímenes y la respuesta internacional
Las violaciones documentadas por el grupo de expertos encajan en la definición internacional de crímenes de lesa humanidad: ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, impulsados por la voluntad de eliminar obstáculos al poder.
El informe recalca que el caso nicaragüense responde al espíritu fundacional del delito tras la Segunda Guerra Mundial: dotar a la comunidad internacional de herramientas ante Estados que atacan a su propio pueblo.
Hasta la fecha, la comunidad internacional ha impuesto sanciones a 54 personas responsables directos de estas prácticas, entre los que figuran altos cargos de la Unidad de Inteligencia Financiera y directores de centros penales señalados por actos de tortura.
Uno de los expertos explica: “La imposición de sanciones debilita la confianza en el sistema financiero nicaragüense y complica la sostenibilidad del régimen”.
Según reportes diplomáticos, las sanciones también han restringido el acceso a inversiones extranjeras y generan tensiones con países aliados en la región.
Sostenibilidad del modelo represivo y perspectivas de cambio
El modelo sostenido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta dificultades crecientes. El acceso a recursos externos es cada vez más limitado por sanciones y aislamiento, mientras que, dentro del país, la avanzada edad y los problemas de salud de los actuales líderes siembran dudas sobre la continuidad, ya que los potenciales sucesores carecen del capital simbólico de Ortega.
Expertos advierten que la presión internacional, si bien es relevante, no será suficiente sin cambios desde el interior. “La transformación debe surgir de la sociedad nicaragüense, aunque la mayoría de sus integrantes esté en el exilio”, señalaron. El rol internacional consiste en garantizar la seguridad y el retorno a través de organismos multilaterales como la ONU, la OEA y la Cruz Roja.
La situación en Nicaragua, como remarcaron fuentes consultadas, representa “un ejemplo extremo de cómo la corrupción y la represión se articulan como política de Estado”. A pesar de las restricciones crecientes, el desenlace de la crisis aún es incierto.
