Redacción.- El periodista Edinson Gutiérrez llamó la atención sobre las deficiencias en la aplicación de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, vigente en la República Dominicana desde el año 2012, al advertir que, pese a contar con un marco legal claro, el maltrato animal continúa ocurriendo con altos niveles de impunidad en el país.
Gutiérrez recordó que esta legislación, compuesta por 84 artículos, reconoce que los animales sienten y padecen, y establece deberes específicos para el Estado, los gobiernos locales y la ciudadanía, con el objetivo de prevenir la crueldad y promover una convivencia basada en el respeto. Sin embargo, señaló que más de una década después de su promulgación, persiste una marcada distancia entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica.
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El comunicador identificó el desconocimiento social como uno de los principales obstáculos para la efectividad de la norma, al indicar que una parte importante de la población ignora que acciones como el abandono, la privación de alimento, el envenenamiento o el daño deliberado a animales constituyen delitos sancionados por la ley.
De acuerdo con lo expuesto por el joven periodista, basado en la ley, los casos de perros y gatos envenenados, atropellados, quemados de forma intencional o mantenidos en condiciones indignas no son hechos aislados, sino situaciones recurrentes que suelen generar indignación momentánea, pero que rara vez concluyen en procesos judiciales o sanciones ejemplares.
Asimismo, Gutiérrez señaló la existencia de una responsabilidad pasiva por parte de ciudadanos que, aunque no cometen maltrato directo, omiten denunciar amenazas o acciones que ponen en riesgo la vida de los animales, lo que contribuye a que los hechos se materialicen sin prevención.
En relación con el rol del Estado, el periodista recordó que la Ley 248-12 establece como una obligación legal la protección de los animales frente al abandono, la desatención y la crueldad, además de asignar responsabilidades específicas a los ayuntamientos para apoyar programas de protección animal y facilitar la creación de centros de cuidado y albergues.
No obstante, indicó que los refugios públicos son escasos o inexistentes, por lo que la atención a animales vulnerables recae principalmente en organizaciones y voluntarios que operan con recursos limitados, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento efectivo de la normativa.
El comunicador también destacó que la ley define de manera clara y detallada las conductas consideradas como maltrato y crueldad animal, incluyendo el descuido, el abandono, el envenenamiento, la mutilación y el biocidio, pero advirtió que la aplicación de estas disposiciones es irregular y que persiste una percepción generalizada de impunidad.
Gutiérrez sostuvo que la protección animal no debe considerarse un tema secundario, sino una expresión del respeto al Estado de derecho y de la capacidad ética de la sociedad dominicana, subrayando la necesidad de voluntad, educación y coherencia para que la Ley de Protección Animal no permanezca como letra muerta.
