Ciudad de Guatemala.- Guatemala inició este martes el procedimiento para la designación en mayo de un nuevo fiscal general en reemplazo de la actual jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, quien se encuentra sancionada por corrupción por Estados Unidos y Europa, un cambio esperado por diferentes colectivos anticorrupción del país centroamericano.
El procedimiento empezó esta tarde de manera oficial con el acuerdo aprobado por el Congreso para la creación de una comisión de postulación que enviará eventualmente una nómina de seis candidatos al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para que elija al nuevo fiscal general.
Porras, quien se encuentra sancionada desde hace varios años por señalamiento en varios casos de corrupción, culmina en mayo próximo su segundo mandato al frente de la Fiscalía, iniciado en mayo de 2022, como establece la ley del país centroamericano.
La fiscal general y actual jefa del Ministerio Público está enfrentada con Arévalo de León desde que el actual presidente ganó las elecciones en 2023 y ha intentado, según el gobernante, derrocarlo en varias ocasiones con presuntos «golpes de Estado» bajo persecución judicial.
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Según expertos y organizaciones no gubernamentales, la designación del reemplazo de Porras será trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala.
La comisión de postulación que designará a los candidatos al puesto está compuesta, de acuerdo a la normativa guatemalteca, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país.
Arévalo de León, quien ganó los comicios en 2023 con un discurso anticorrupción, intentó al inicio de su mandato en 2024 buscar las alternativas legales para desplazar a Porras del cargo, pero posteriormente indicó que no lo haría para respetar la ley vigente, que según puntualizó no le da autorización para ello.
A la actual fiscal general se le señala, entre otras cosas, de intentar desvirtuar los resultados electorales de 2023 y de la persecución judicial contra fiscales anticorrupción y periodistas, incluido el comunicador José Rubén Zamora Marroquín, en prisión desde 2022 sin cargos probados en su contra.
