Caracas, Venezuela.- El gobierno venezolano publicó el Decreto N° 5.200, mediante el cual declara un Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, según consta en la Gaceta Oficial N° 6.954 Extraordinario, con fecha del 3 de enero de 2026. La medida, responde a lo que el Ejecutivo califica como un ataque armado por parte de Estados Unidos contra el territorio venezolano.
Uno de los puntos más controversiales del decreto es el Artículo 5°, que dispone que “los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”. Los detenidos deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público y el sistema de justicia penal, respetando las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.
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Esta disposición ha generado preocupación entre sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, dado el amplio alcance que podría tener la interpretación de lo que constituye “promoción o apoyo” al ataque. Medios locales y analistas legales han señalado que, aunque el texto menciona respetar las garantías procesales, la amplitud del mandato y el contexto de emergencia podrían facilitar detenciones arbitrarias bajo criterios subjetivos.
Medidas complementarias del decreto
- Además de la orden de detenciones, el decreto contempla otras acciones de extraordinaria magnitud:
- La movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país para repeler la supuesta agresión externa.
- La militarización temporal de servicios públicos, infraestructura estratégica e industrias básicas, según lo establece el texto oficial.
- El refuerzo de patrullajes en fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como la potencial imposición de restricciones de tránsito y reuniones públicas.
- La facultad presidencial de dictar medidas adicionales de orden social, político o económico que considere necesarias para restablecer la normalidad.
Contexto político y vigencia
El estado de conmoción exterior fue decretado en un contexto de alta tensión interna y externa, tras lo que el gobierno venezolano describe como una “agresión militar” por parte de Estados Unidos, incluyendo un operativo que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, según reportes de medios internacionales.
Según la normativa, la medida tiene una vigencia inicial de 90 días, prorrogables por un período similar, y busca dotar al Ejecutivo de herramientas legales excepcionales para enfrentar la denominada crisis externa.
La implementación de este decreto ha generado reacciones diversas en el ámbito internacional, con varios países llamando al respeto del derecho internacional y al uso proporcional de las medidas de emergencia, al tiempo que organismos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de vulneración de libertades civiles bajo la figura del estado de conmoción.
