La frontera entre Colombia y Venezuela, que se extiende por más de 2.200 kilómetros, continúa siendo un escenario crítico para el tráfico ilegal de armas, una dinámica que fortalece a grupos armados y redes criminales que operan a ambos lados del límite binacional.
De acuerdo con análisis de seguridad, la porosidad de la frontera y la presencia histórica de organizaciones armadas ilegales han facilitado el flujo de armamento, municiones y otros elementos bélicos. Estas redes utilizan pasos no oficiales y rutas clandestinas para abastecer estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas.
Grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias armadas han sido señalados como algunos de los principales beneficiarios de este mercado negro, lo que contribuye a la prolongación de la violencia en regiones como el Catatumbo y el estado Táchira. El intercambio de armas por droga y dinero en efectivo sigue siendo una de las modalidades más utilizadas.
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La situación se ha visto agravada por recientes tensiones políticas y operativos militares en la región, que han generado reacomodos entre actores armados y un mayor riesgo para las comunidades fronterizas, afectadas por enfrentamientos, desplazamientos y amenazas a la seguridad.
Ante este panorama, analistas insisten en la necesidad de reforzar los controles fronterizos, mejorar la cooperación regional y priorizar estrategias integrales que combinen seguridad, presencia estatal y atención social, con el fin de debilitar las redes de tráfico de armas y reducir su impacto en la estabilidad regional.
