Santo Domingo. — El año 2025 quedó marcado por procesos judiciales que sacudieron a la opinión pública y colocaron nuevamente bajo escrutinio el funcionamiento de las instituciones del Estado y la respuesta de la justicia frente a delitos de alto perfil.
Casos de presunta corrupción millonaria, abuso sexual, lavado de activos y decisiones históricas del Tribunal Constitucional dominaron la agenda informativa y judicial del país.
En De Último Minuto hemos preparado un recorrido por los casos más sonados que iniciaron o alcanzaron hitos clave durante 2025.
Caso Cobra-SENASA
Uno de los casos más sonado de 2025 sin duda fue el que investiga el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), una institución clave en el sistema público de atención médica.
El Ministerio Público presentó en diciembre de 2025 ante un Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional un expediente contra 10 personas por su presunta participación en una estructura criminal que habría afectado al Estado dominicano en más de RD$15,000 millones. Entre los imputados está el exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como altos funcionarios y contratistas vinculados al sector salud.
Las autoridades solicitaron que el caso fuera declarado de tramitación compleja, dada la magnitud del presunto fraude, señalando delitos de desfalco, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, falsificación y lavado de activos.
El 14 de diciembre de 2025, el juez Rigoberto Sena dictó las medidas de coerción.
18 meses de prisión preventiva para Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Germán Robles, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
Prisión domiciliaria como medida para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
La decisión fue calificada de “histórica” por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El caso, bautizado como Operación Cobra, representa uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa de la última década en República Dominicana, y aún sigue su fase de investigación y coerción.
Caso Jet Set
El 8 de abril de 2025 quedara marcado en las memorias de los dominicanos como un día en el que una noche de fiesta se convirtió en una fecha de luto nacional. El techo del club nocturno Jet Set, en Santo Domingo, se derrumbó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, dejando más 236 fallecidos y más de 180 heridos en uno de los desastres no naturales más graves en la historia del país.
Ante la enorme tragedia, el Ministerio Público presentó acusación formal el 7 de noviembre de 2025 contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, señalando que los imputados ignoraron advertencias sobre fallas estructurales y sobrecarga en la construcción.
La defensa de los hermanos ha negado intimidación a testigos y asegurado que han colaborado con la investigación.
Como medida de coerción a los hermanos se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El proceso judicial fue fijado en etapa preliminar y se espera que el juicio comience el 12 de enero de 2026, cuando se evaluarán las pruebas que presentará la Fiscalía.
Caso Stephora Anne-Mircie Joseph
El 14 de noviembre de 2025, la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de apenas 11 años, durante una excursión escolar en la Hacienda Los Caballos, conmocionó a la sociedad dominicana.
El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra cuatro empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci, todas imputadas por homicidio involuntario y negligencia grave, y pidió garantía económica de RD$50 millones para cada imputada, impedimento de salida del país, presentación periódica y colocación de localizadores electrónicos (grilletes).
Sin embargo, el 10 de diciembre de 2025, la jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de RD$500,000 y presentación periódica a tres de las acusadas, decisión que el Ministerio Público anunció que apelará por considerarla insuficiente dada la gravedad del hecho. La cuarta empleada, la directora del centro, fue dejada en libertad pura y simple al no encontrar pruebas que la vincularan directamente con la tragedia.
Caso Wander Franco
Uno de los casos judiciales que más atención mediática internacional ganó en 2025 fue el del pelotero dominicano Wander Franco, conocido por su carrera en las Grandes Ligas con los Tampa Bay Rays.
En junio de 2025, un tribunal colegiado de Puerto Plata encontró culpable a Franco por abuso sexual contra una menor de 14 años, en hechos ocurridos en 2022, y le impuso una sentencia de dos años de prisión suspendida, con condiciones, incluido el alejamiento de menores.
La madre de la menor, Martha Vanessa Chevalier, fue sentenciada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos en conexión con los hechos.
Los fiscales habían solicitado hasta cinco años de prisión para Franco, argumentando que existían pruebas de pagos a la madre de la menor para facilitar la relación.
No obstante, en diciembre de 2025 una corte de apelación ordenó un nuevo juicio para Franco y su madre debido a fallas procesales en el primer proceso, señalando irregularidades y omisiones en el procedimiento. El caso será revisado por un panel diferente de jueces.
Condena en el Caso Antipulpo
En agosto de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia en el sonado caso de corrupción conocido como Operación Antipulpo, que involucra a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y a otros implicados por delitos como soborno, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
Juan Alexis Medina Sánchez fue condenado a 7 años de prisión, mientras que José Dolores Santana Carmona recibió 6 años de prisión.
Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación fueron condenados a 5 años de cárcel cada uno (con la pena de Encarnación suspendida bajo ciertas reglas).
Además del encarcelamiento, el tribunal ordenó el decomiso de bienes y sanciones económicas a algunos de los condenados, así como indemnizaciones conjuntas al Estado dominicano por cientos de millones de pesos.
El Ministerio Público calificó la sentencia como de “luces y sombras” por la absolución de algunos acusados, y anunció que recurrirá la decisión ante instancias superiores.
Caso Maxy Montilla
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó un acuerdo de criterio de oportunidad mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y varias de sus empresas admitieron responsabilidad penal en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo. Como parte del acuerdo, el imputado autorizó el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
La decisión, emitida por el juez Raymundo Mejía, incluyó además el pago de una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras eléctricas EdeEste, EdeSur y EdeNorte, por los daños ocasionados, así como el compromiso de disolver más de diez empresas vinculadas al esquema en un plazo de dos años.
Montilla también deberá pagar RD$431.8 millones a la DGII y autorizó el decomiso de un inmueble ubicado en el Ensanche Naco, valorado en más de RD$50 millones. El Ministerio Público valoró el acuerdo como un avance significativo en la lucha contra la corrupción administrativa y la recuperación de activos del Estado.
Caso FM
En uno de los fallos más contundentes del año, los tribunales dominicanos dictaron condenas de hasta 20 años de prisión contra los principales imputados del llamado Caso FM, una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.
El expediente reveló el uso de empresas fachadas, transferencias internacionales y testaferros para ocultar millones de pesos provenientes del crimen organizado.
El Ministerio Público destacó la sentencia como un avance significativo en la lucha contra el lavado de activos y el fortalecimiento del sistema judicial frente a estructuras criminales complejas.
Caso Ángel Martínez
El comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido en redes como “el detective”, fue protagonista de uno de los casos mediáticos y judiciales más comentados debido a múltiples querellas por difamación, injuria pública, extorsión y uso indebido de plataformas digitales por hechos ocurridos en sus espacios de contenido en línea.
El 26 de mayo de 2025, Ángel Martínez fue detenido en Puerto Plata como parte de las acciones judiciales derivadas de varias querellas interpuestas en su contra, incluyendo acusaciones de difamación, chantaje y extorsión.
Entre los denunciantes figuran el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, la exviceministra Milagros De Camps Germán, el diputado Sergio Moya (Gory) y el periodista Vargavila Riverón, quienes alegan haber sido injuriados y difamados a través de publicaciones y videos difundidos por Martínez en plataformas como YouTube.
En julio de 2025, un juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a Martínez en el caso interpuesto por la ministra Faride Raful, quien también lo denunció por difamación e injuria. Las medidas incluyen garantía económica de RD$500,000, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el tribunal.
Estas medidas buscan asegurar la comparecencia de Martínez durante el proceso judicial y que no evada la jurisdicción dominicana.
Un fallo que sacudió las estructuras castrenses
Más allá de los tribunales penales, el Tribunal Constitucional también protagonizó uno de los fallos más trascendentes del año.
En noviembre de 2025, la alta corte declaró inconstitucionales disposiciones que penalizaban conductas privadas entre miembros de los cuerpos armados y policiales, al considerar que violentaban derechos fundamentales.
Masacre de cinco hombres en Santiago
En septiembre de 2025, un hecho que estremeció a la provincia de Santiago fue la muerte de cinco hombres durante un operativo policial en el sector de La Barranquita.
El 10 de septiembre de 2025, cinco hombres, identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, fallecieron durante un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en una plaza comercial de esa localidad.
Las primeras versiones oficiales señalaron que se trató de un intercambio de disparos entre las víctimas y los agentes policiales. Sin embargo, familiares y residentes rechazaron esa versión, argumentando que algunas de las víctimas no tenían vínculos con actividades delictivas y que la actuación de los oficiales fue injustificada.
A raíz del incidente, la Dirección General de la Policía Nacional ordenó la suspensión de los agentes involucrados, en tanto que el Ministerio Público instruyó al Departamento de Persecución del Distrito y a la Fiscalía de Santiago a dirigir las investigaciones sobre las circunstancias en que se produjo la masacre.
Posteriormente, se informó que once policías fueron arrestados en relación con las muertes de los cinco hombres, entre ellos oficiales de distintos rangos, como mayores, capitán, teniente, cabos y sargentos, señalados de participar directamente en el operativo.
Por el caso, 4 de los 11 policías recibieron prisión preventiva de tres meses como medida de coerción.
Los 7 restantes quedaron con medidas alternativas como fianza económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante la justicia.
La revisión de estas medidas fue programada para enero de 2026.
