El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto publicado este lunes en el boletín oficial que prohíbe la aplicación de sentencias de tribunales penales extranjeros, una medida que blinda al presidente ruso, Vladímir Putin, ante la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).
El decreto firmado por el presidente ruso establece que los tribunales de países extranjeros «sin la participación de la Federación de Rusia, y de órganos judiciales internacionales cuya competencia no se basa en un tratado internacional» con la participación de Rusia o resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, no se ejecutarán en el país.
Se trata de enmiendas al artículo 6 de la Ley Federal Constitucional sobre el Sistema Judicial de la Federación Rusa.
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Rusia retiró su intención de adherirse al Estatuto de Roma, base del funcionamiento de la Corte Penal Internacional, que emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia durante la guerra en Ucrania.
Rusia suscribió en 2000 el Estatuto de Roma -documento fundacional de la CPI-, pero nunca llegó a ratificar y en 2016 revocó su firma después de que la corte dictaminara que la anexión de la península ucraniana de Crimea por Moscú era una «ocupación permanente».
Pese a la orden de arresto por la supuesta deportación de niños ucranianos, Putin viajó en su momento a países como Mongolia, que son firmantes del estatuto y desoyeron el llamamiento a detener al líder ruso.
La Justicia rusa respondió a la orden de arresto condenando en ausencia a penas de entre 3,5 y 15 años de cárcel a nueve fiscales y jueces de la CPI, entre ellos al fiscal Karim Khan, al costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez y la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza.
Rusia acusó a los jueces y fiscales de la CPI, entre otros, de iniciar un proceso de persecución penal, que incluye su detención, de representantes de un Estado extranjero que disponen de inmunidad internacional.
