La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar este martes a los últimos seis acusados de haber participado en la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, quien ya ha sido condenado a 27 años por ese complot.
Entre los reos que se sientan en el banquillo a partir de este martes tiene una especial relevancia Filipe Martins, activista de extrema derecha muy cercano a Bolsonaro, al punto de que actuó como asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia entre 2019 y 2022.
Martins, de 41 años, era considerado uno de los principales nexos entre los radicales brasileños y la ultraderecha estadounidense, en especial con Steve Bannon, antiguo colaborador del presidente Donald Trump.
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Otro es el general de la reserva del Ejército Mario Fernandes, acusado de planificar el asesinato del entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente, Geraldo Alkmin, y el juez Alexandre de Moraes, en la época jefe de la justicia electoral y hoy relator del proceso en la Primera Sala del Supremo.
Los otros reos son el comisario de la Policía Federal Fernando de Sousa Oliveira, el coronel Marcelo Costa Câmara, el exdirector de la Policía de Carreteras Silvinei Vasques y la exjefa de Inteligencia del Ministerio de Justicia Marília Ferreira de Alencar.
Según la Fiscalía General, que actúa como parte acusadora, todos tuvieron algún tipo de responsabilidad en la conspiración tramada por Bolsonaro para impedir la investidura de Lula tras su victoria en los comicios de 2022 frente al líder de la extrema derecha, que aspiraba a la reelección.
Para el juicio contra estos seis reos, la Primera Sala del Supremo ha reservado cuatro audiencias, que se prevé que concluirán el próximo 17 de diciembre.
Por esos hechos, en total fueron acusadas 31 personas y, hasta ahora, 24 han sido condenadas a penas que oscilan entre uno y 27 años de cárcel.
La pena más alta le fue aplicada precisamente a Bolsonaro, a quien la corte consideró como «líder» de ese complot, mediante el cual pretendía mantenerse en el poder, de acuerdo a las conclusiones del proceso penal.
La sentencia contra Bolsonaro fue declarada firme el pasado 25 de noviembre, cuando el expresidente comenzó a cumplir la pena en unas dependencias de la Policía Federal en las que ya llevaba varios días recluido.
Bolsonaro ya estaba en prisión domiciliaria por haber violado una serie de medidas cautelares impuestas en el marco del proceso y fue transferido a la Policía Federal después de que intentó dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones.
