Madrid.– Más de un centenar de activistas del movimiento climático Rebelión o Extinción ha llevado a cabo este lunes una acción de protesta en las oficinas de Indra, ubicadas en el barrio madrileño de San Blas. La intervención, descrita por el colectivo como una acción no violenta, busca denunciar las crecientes inversiones destinadas al sector militar, especialmente en un contexto en el que se celebra la COP30 en Brasil.
Los activistas han accedido al edificio a primera hora de la mañana y han desplegado una gran pancarta con el mensaje: “Aquí se carga la maquinaria de la muerte”. En la entrada, varias personas caracterizadas como ejecutivos han arrojado pintura roja para simbolizar la sangre de las víctimas de los conflictos armados. También han colocado dos réplicas de misiles en la puerta, como metáfora del impacto de la industria armamentística.
Rebelión o Extinción exige que los fondos destinados al rearme se redirijan hacia políticas climáticas y sociales. El colectivo recuerda que el sector militar es responsable de, al menos, un 5,5 % de las emisiones globales, según datos del Centre Delàs, y advierte de que el aumento del gasto militar agrava la crisis ambiental y humanitaria.
La protesta coincide con la COP30, donde los países negocian acuerdos cruciales para frenar el calentamiento global. “La temperatura ya ha superado el límite de 1,5 ºC marcado por el Acuerdo de París y las emisiones siguen aumentando”, denunció una portavoz del movimiento, que señaló recientes fenómenos extremos como la DANA en Valencia o los incendios que afectaron a amplias zonas del país como señales claras de la emergencia climática.
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Indra, señalan los activistas, ha sido la principal beneficiaria de los más de 14.000 millones de euros del Plan de Rearme de la Unión Europea, adjudicados de manera directa. “A la grave crisis ecológica se suma una inquietante militarización de los Estados y múltiples conflictos internacionales, desde el pueblo saharaui hasta Palestina, Sudán, Yemen o el Congo. Más inversión militar solo traerá más muertes y destrucción”, afirmó la portavoz.
El colectivo recuerda que el Estado español es el mayor accionista de Indra, por lo que reclama al Gobierno que reoriente esos recursos hacia la mejora del bienestar social y la protección del planeta.
Rebelión o Extinción concluye su denuncia llamando a la ciudadanía a organizarse frente a “un sistema que ha declarado la guerra a la vida” y defiende la creación de asambleas ciudadanas permanentes y vinculantes como herramienta democrática para decidir el rumbo hacia “un futuro justo y sostenible para todas las personas”.
