Santiago.- Bajo fuetes medidas de seguridad, los once agentes de la Policía Nacional acusados de matar a cinco hombres en un supuesto intercambio de disparos ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita fueron trasladados este jueves desde la carcelita del Palacio de Justicia hasta la sala del Segundo Tribunal Colegiado, por cuestión de espacio, donde se les conocerá la solicitud de medida de coerción en su contra.
El Ministerio Público ha solicitado al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva a los encartados y que el proceso sea declarado de tramitación compleja, debido a la gravedad del caso y al número de imputados.
Entre los agentes figuran los Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrián Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos. También fueron imputados Hansel Michel Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), pertenecientes a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Estos últimos dos se encontraban en la peluquería de Valerio Estévez, en la avenida Olímpica, cuando ocurrió la intervención.
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Familiares de los fallecidos, especialmente del peluquero y su cliente, sostienen que se trató de ejecuciones extrajudiciales y no de un intercambio de disparos, mientras reclaman sanciones ejemplares y justicia para evitar que el caso quede impune.
La audiencia se celebra en el Palacio de Justicia Federico Álvarez y se perfila como uno de los procesos más seguidos de la provincia de Santiago, tanto por la magnitud del hecho como por la presión social que exige una condena contra los acusados.
