El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que buscará «alternativas» para compensar un impuesto a las operaciones financieras propuesto por su Gobierno y que fue negado por el Parlamento, en un movimiento que fuentes oficiales vincularon a las elecciones presidenciales de 2026.
«Vamos a relajar» y luego «se discutirá como vamos a conseguir que el sistema financiero, y sobre todo las grandes empresas tecnológicas, que hoy son mayores que los bancos, paguen el impuesto que deben pagar en este país», declaró en una entrevista con la radio Piata.
El gravamen propuesto por el Gobierno, que imponía tasas de hasta un 12 % a las operaciones financieras de grandes empresas y bancos, pretendía compensar una medida reciente, ya aprobada por la Cámara de Diputados, que implica una importante renuncia fiscal.
Esa iniciativa exenta del impuesto sobre la renta a quienes ganan hasta 5.000 reales (a 943 dólares o 806 euros) mensuales, lo que tendrá un coste para las arcas públicas calculado en unos 15.000 millones de reales anuales.
El impuesto a las operaciones financieras rechazado la noche de este jueves por el Parlamento, que archivó la propuesta sin llegar a debatirla, supondría un aumento de la recaudación muy superior a esa renuncia fiscal (unos 21.000 millones de reales).
Según el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, el rechazo de las cámaras legislativas a la propuesta del Gobierno no creará mayores problemas en lo que resta de 2025, pero sí puede afectar los presupuestos para el próximo año, el último del mandato de Lula, ya que habrá elecciones presidenciales en octubre de 2026.
Haddad, de hecho, vinculó el rechazo a la iniciativa del Gobierno al proceso electoral. «Sabemos que ya hay movimientos políticos que apuntan a la protección de privilegios y ya piensan en las elecciones», declaró el ministro.
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Aún así, Lula manifestó su profundo descontento con la decisión del Congreso, sobre el cual dijo que «podría haber aprobado que los ricos paguen un poco más de impuestos».
Según el mandatario, la oposición, que se movilizó contra el impuesto, «cree que derrotó al Gobierno, pero derrotó al pueblo» y dificultó «la posibilidad de mejorar la calidad de vida» de los más pobres a través de una «mayor distribución de renta».
