Santo Domingo.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresó preocupación por el aumento de los denominados “intercambios de disparos” y llamó a revisar el accionar policial, al considerar que el combate a la delincuencia requiere una estrategia integral que atienda sus causas y fortalezca la prevención.
La entidad sostuvo que este escenario obliga a examinar lo que ocurre durante las actuaciones policiales y a evaluar la capacidad de respuesta de los organismos responsables de la seguridad pública.
“El combate a la delincuencia requiere de una visión integral”, manifestó el gremio, al señalar que identificar las causas del problema debe traducirse en políticas públicas y acciones concretas que permitan enfrentarlas.
Accionar policial
El CARD cuestionó que la Policía Nacional disponga de los recursos logísticos y la preparación necesarios para cumplir adecuadamente su misión. A juicio del gremio, la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad pública “le queda definitivamente grande” en las condiciones actuales.
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En ese sentido, advirtió sobre las debilidades de la institución para desarrollar una labor preventiva eficaz y subrayó que la prevención también requiere la participación de otros sectores del Estado y de la sociedad.
El Colegio identificó la impunidad, las carencias educativas, el consumo de drogas y la desigualdad entre los factores que deben evaluarse al momento de diseñar políticas contra la delincuencia.
Por ello, instó al Gobierno a ampliar la asistencia social, las oportunidades de desarrollo, el acceso al trabajo y la educación, así como las actividades deportivas.
Accionar policial y democracia
Asimismo, el CARD manifestó inquietud por los resultados de Latinobarómetro 2026. Según los datos citados por el gremio, el estudio sitúa en un 47 % la proporción de dominicanos que considera la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras un 69 % se identifica con la idea de que un poco de “mano dura” gubernamental no viene mal al país.
Para el CARD, estos indicadores constituyen una señal de alerta sobre la credibilidad del sistema democrático y la percepción ciudadana de las respuestas frente a la delincuencia.
El gremio interpretó ese panorama como una expresión de las deficiencias en las políticas de seguridad y de la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia.
Finalmente, llamó a reflexionar sobre ambos desafíos y reiteró la necesidad de revisar el accionar policial, así como fortalecer las políticas sociales, educativas y preventivas como componentes esenciales de una respuesta integral frente a la inseguridad.
