Santo Domingo.- La Asociación de Software de Puntos de Venta de la República Dominicana (ASOPOS) pidió a la Presidencia de la República no promulgar en su redacción actual la ley de juegos de azar aprobada por el Congreso y solicitar su revisión, al considerar que debe delimitarse la responsabilidad de los proveedores tecnológicos frente a las operaciones realizadas por sus clientes.
La solicitud del gremio se concentra en los numerales 2 y 5 del artículo 163. Según ASOPOS, estas disposiciones deben establecer una distinción clara entre quienes operan negocios de apuestas y las empresas que suministran las herramientas tecnológicas utilizadas por esos establecimientos.
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“Desarrollar, instalar o dar soporte a un sistema no convierte a una empresa en operadora de una banca. Como proveedores tecnológicos, no recibimos las apuestas, no custodiamos el dinero de los jugadores ni pagamos los premios”, explicó ASOPOS.
Proveedores tecnológicos
La asociación sostuvo que suministrar un programa informático no supone conocer ni autorizar cada decisión adoptada por el negocio que lo utiliza.
Por esta razón, planteó que cualquier atribución de responsabilidad debe identificar la conducta del proveedor y su participación concreta en una eventual operación ilegal, en lugar de fundamentarse únicamente en la existencia de una relación comercial con el operador.
ASOPOS aclaró que su planteamiento no busca excluir a sus miembros de la regulación y expresó su respaldo a los registros, auditorías y controles técnicos que sean necesarios para fiscalizar el sector.
“No pedimos impunidad. Si un proveedor conoce una operación ilegal y participa deliberadamente en ella, debe responder. Lo que rechazamos es que un técnico pueda ir a prisión por decisiones de un cliente que no tomó ni controló”, señaló.
Proveedores tecnológicos y ley
ASOPOS propone que la legislación defina expresamente las funciones de los proveedores tecnológicos y establezca la verificación de la licencia del cliente como una obligación administrativa que pueda cumplirse mediante la consulta de un registro oficial.
También plantea que, para establecer responsabilidad penal, deba demostrarse el conocimiento efectivo y la participación material del proveedor en una operación ilegal.
Para facilitar la verificación de las licencias, el gremio propone que las autoridades mantengan un registro accesible y actualizado que permita identificar a cada operador y las actividades para las cuales está autorizado.
De acuerdo con la propuesta de ASOPOS, el proveedor podría documentar que realizó esa consulta y cumplió con su obligación, sin asumir funciones de investigación o fiscalización sobre sus clientes.
La organización reiteró su respaldo a una legislación que formalice el mercado, combata el lavado de activos y proteja a los menores de edad, pero insistió en que los aspectos relacionados con los proveedores tecnológicos deben revisarse antes de la promulgación.
“Una ley más clara permitirá fiscalizar mejor y exigir a cada actor que responda por lo que realmente hace”, concluyó ASOPOS.
