Durante una jornada de diálogo enmarcada en el Mes de la Diversidad, que Uruguay celebra en septiembre, el Gobierno del país reafirmó su compromiso con garantizar el acceso a derechos de la población LGTBIQ+, cuyos referentes reclaman la concreción de las políticas previstas en la legislación vigente.
Según destacó durante su intervención en la apertura de la jornada ‘Hacia el Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+’, la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, Collette Spinetti, destacó que, en medio de una coyuntura global de retrocesos en este plano, Uruguay «aún apuesta y seguirá apostando a los derechos humanos y en especial los de la comunidad LGBTIQ+».
En tanto, recalcó que el Gobierno de Yamandú Orsi dio con su propio nombramiento como secretaria un «mensaje» en ese sentido, pues se convirtió en la primera mujer trans en ocupar un puesto de jerarquía en el Ejecutivo, Spinetti llamó así a que Estado y sociedad civil se unan para «pensar estrategias» que subsanen los debes en derechos de las personas LGTBIQ+ y en particular las personas trans.
«Estamos trabajando (…) para desanudar el tema de los cupos (para personas) trans en los llamados y puestos de trabajo de las empresas públicas (…) Estamos trabajando (…) en salud mental y en posibilidades de clínicas para salud integral trans», dijo sobre algunas de las líneas de trabajo en curso, que también abarcan políticas de vivienda y educación.
En la misma línea se expresó el viceministro de Desarrollo Social, Federico Graña, quien reconoció que si bien la Ley integral para personas trans, de 2018, se cumplió en el cambio registral de género y la reparación a las mujeres trans perseguidas por la dictadura, falta cumplir con los cupos laborales o el combate al acoso escolar.
Graña señaló así que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) se desarmó una política impulsada por los anteriores gobiernos del progresista Frente Amplio que implicaba charlas en los centros educativos enfocadas en diversidad sexual, salud mental y acoso escolar, hoy retomada.
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Por su parte, la diputada María Inés Obaldía, además vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, indicó que en una reciente sesión de esa comisión en Panamá que constató que Uruguay está «en absoluta soledad» en estos temas.
«En la soledad de América Latina me parece que vamos a lograr bien poco si no logramos que la caja de resonancia de estos temas sea una caja poderosa», lanzó quien remarcó que la cultura tiene «un rol clave» en ese proceso.
